Policía podrá usar armas de fuego en flagrancia: proyecto de Jorge Montoya se revisaría próximamente en el pleno
Aprobación en Comisión de Defensa refleja urgencia de medidas contra la delincuencia.
El congresista Jorge Montoya destacó que la Comisión de Defensa del Congreso aprobó un proyecto de ley que facultará a la Policía Nacional para emplear armas de fuego en casos de flagrante delito, estableciendo esta medida como prioritaria en los próximos debates del pleno.
La propuesta de Montoya, que busca modificar el Decreto Legislativo 1186, surge ante el incremento de actos delictivos en los que los criminales emplean armas de fuego o instrumentos peligrosos que ponen en riesgo la vida de la ciudadanía y los efectivos policiales.
Según el proyecto, los policías estarán autorizados a responder con fuerza letal cuando delincuentes, en flagrancia, amenacen directamente la seguridad de una persona o de un agente policial.
En palabras de Jorge Montoya, esta iniciativa especifica que, en dichos escenarios, los agentes podrán abatir a los delincuentes en defensa propia.
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“Este es un proyecto de ley que lo presentamos hace varios meses. Ya fue revisado y aprobado por unanimidad en la Comisión de Defensa. Ahora, esperamos que, al pasar al pleno, le otorgue a la Policía la facultad de disparar en flagrancia contra el delincuente", señaló.
La propuesta detalla que la Policía podrá usar medios letales y no letales proporcionados por el Estado en respuesta a amenazas contra el orden público o la seguridad ciudadana, lo que refuerza la acción preventiva del cuerpo policial.
Para Jorge Montoya, esta reforma es crucial en la lucha contra la criminalidad y garantizaría, en su opinión, una actuación “más decidida contra los delincuentes” que actualmente atentan contra la tranquilidad pública.
La reforma, que modifica los artículos 3, 7 y 8 del Decreto Legislativo 1186, será prioridad en la agenda del Congreso. Sin embargo, Jorge Montoya subraya que su tratamiento debe considerar opiniones técnicas para asegurar una norma eficaz y sostenible en el combate a la delincuencia, sin apresurarse en su aprobación para evitar fallos.
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