Polémica por propuesta de Comisión Consultiva de Boluarte: se podría intervenir a gobiernos regionales

Desde hace cuatro meses aproximadamente la Comisión Consultiva convocada por la presidenta Dina Boluarte viene brindando asesoría especializada en materia constitucional al gobierno de turno, medidas que pueden generar polémica como la reciente propuesta para intervenir gobiernos regionales ante intentos separatistas.

Estos “intentos separatistas” tienen nombre y apellido: Región Puno, donde el gobernador, Richard Hancco, viene convocando a la población a defender la nación hasta el establecimiento de una asamblea constituyente para la redacción de la nueva constitución y, lo peor de todo, anexar Puno a Bolivia con la intención de formar una “gran nación”, el Runasur.

Atentos a Puno

La trasnochada idea de Hancco ha calado en el Ejecutivo que temeroso ante lo que ocurre en la zona sur del país tendría en mente “intervenir” el gobierno regional de Puno.

Recordemos que desde que asumió la presidencia Dina Boluarte, en diciembre del año pasado, fue precisamente en Puno donde se desencadenaron las primeras asonadas contra este régimen; clima violento que ha dejado más de 60 muertos por los cuales la mandataria, el premier Alberto Otárola y otros miembros del Gabinete son investigados por la Fiscalía.

La propuesta elevada por un miembro de este Comité Consultivo es la siguiente: intervenir gobiernos regionales o locales, elegidos por voto popular en las urnas, e instaurar un régimen de excepción temporal.

MÁS INFORMACIÓN: Dina Boluarte: Carlos Hakansson defiende su posición

Según el constitucionalista Carlos Hakansson, miembro de este grupo de trabajo, la idea es mejorar la “fallida descentralización” y evitar que se cometan arbitrariedades de los gobiernos regionales.

Se trata de un proyecto de ley de reforma constitucional para modificar el artículo 199 de la Carta Magna “a fin de prever que mediante Ley Orgánica el Gobierno de turno pueda adoptar un régimen especial excepcional, extraordinario y temporal en un gobierno regional o local en casos que se esté afectando gravemente el modelo de Estado previsto en el artículo 43 de la Constitución Política del Perú, o no se esté ejerciendo de manera efectiva alguna competencia o función de nivel regional o municipal y esté causando una grave afectación o pueda causar una grave e inminente afectación al interés público y/o a los derechos fundamentales de las personas”.

Peligrosa propuesta

Para el constitucionalista Rafael Sánchez Ríos, el planteamiento podría ocasionar la división de poderes, lo cual resultaría extremadamente peligroso para la ya endeble democracia peruana.

“Puede generar un incentivo perverso para que ante el rival político, el gobierno regional incómodo -no vamos a decir contestatarios, más bien vamos a ponernos en un ejemplo de legítima protesta- que promueva una oposición al gobierno ante medidas con las cuales no está de acuerdo la población o que, canalizando el sentir de su población, busque generar algún tipo de reacción frente al gobierno (central), este considere que se está afectando el modelo de organización del Estado, que se está promoviendo una desmembración del Estado Peruano, como siempre se ha denunciado que ciertos gobernadores regionales de Puno siempre han pretendido hacer estos guiños a Bolivia”, explicó Sánchez Ríos.

En declaraciones para el portal Infobae, Hakansson defendió su propuesta y señaló que esta se inspira en la Constitución Española de 1978, específicamente el artículo 155 que precisa que si una Comunidad Autónoma no cumpliere con las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actuare de forma que atente gravemente contra el interés general de España, el Gobierno, podría adoptar medidas necesarias para obligar al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones…

“El tema de fondo es que no solo existe una separación de poderes horizontal (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), sino también de tipo vertical (gobierno local, regional y central), cada uno tiene sus competencias exclusivas y compartidas. Sin embargo, cuando se desacatan los principios y reglas constitucionales corresponde a los órganos centrales que representan a todos (Ejecutivo y Congreso) que atiendan la solución a los temas nacionales colaborativamente entre ambos poderes. En el mismo sentido que lo anterior, se trata de medidas tan prudenciales como excepcionales y de ultima ratio. La Constitución española de 1978 contiene una disposición similar (artículo 155) aplicado contra la Generalidad (Gobierno y Congreso de una región de España) de Cataluña y su pretensión independentista”.

Es inviable

Para otro experto en temas constitucionales como el abogado Natale Amprimo esta propuesta de la Comisión Consultiva no tiene asidero en ningún artículo de nuestra Carta Magna.

Por Martín Rodríguez

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