Perú Libre propone que solo fiscales y jueces titulares intervengan en procesos contra altos funcionarios
Proyecto modifica artículos clave del Código Procesal Penal vigente.
El congresista Américo Gonza, integrante de la bancada Perú Libre, presentó ante el Parlamento el proyecto de ley N.º 11750/2024-CR, con el que propone modificar el Código Procesal Penal para establecer que únicamente jueces y fiscales supremos titulares puedan conducir procesos judiciales y fiscales contra las más altas autoridades del país.
La iniciativa legislativa plantea una reforma a los artículos 44, 450, 451, 452 y 453 del Nuevo Código Procesal Penal, a fin de excluir expresamente a magistrados provisionales o supernumerarios de cualquier proceso que involucre al presidente de la República, ministros de Estado, congresistas, miembros del Tribunal Constitucional, fiscales supremos, defensores del Pueblo y otras autoridades protegidas por el artículo 99 de la Constitución.
“El objetivo es garantizar procesos imparciales, reducir el margen de interferencias políticas y reforzar la independencia judicial”, sostuvo Gonza en la exposición de motivos del documento.
Según el parlamentario, la proliferación de cargos provisionales dentro del Ministerio Público pone en riesgo la neutralidad requerida para juzgar casos de alta connotación política y mediática.
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El proyecto precisa que la fiscal de la Nación deberá designar a un fiscal supremo titular para cada caso, mientras que la Sala Penal de la Corte Suprema será la encargada de nombrar tanto al juez supremo titular a cargo de la investigación preparatoria como a los integrantes de la Sala Penal Especial que vea el caso. Todos los magistrados deberán ser titulares en sus cargos.
Además, la propuesta contempla que cualquier otra persona que resulte implicada en los mismos hechos delictivos será también juzgada por la misma jurisdicción especializada.
Perú Libre y la refundación del Ministerio Público
La bancada de Perú Libre ya había promovido otro proyecto controversial el pasado 19 de junio, que planteaba declarar en emergencia al Ministerio Público por seis meses y cesar a la actual fiscal de la Nación junto a la Junta de Fiscales Supremos.
En su lugar, se crearía una Junta Transitoria de Fiscales elegida por concurso público a cargo de la Junta Nacional de Justicia.
Con esta nueva propuesta, Gonza y su bancada buscan modificar la estructura operativa del sistema de justicia penal en casos de alta investidura, en medio de un contexto de creciente tensión entre el Congreso, el Ministerio Público y otras entidades del Estado.
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