¿Nueva ley mordaza? Congreso busca restringir uso de chats y correos privados en reportajes periodísticos
Podrían castigar a medios por publicar evidencia clave en casos de corrupción.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, presidida por el congresista Flavio Cruz, discute una iniciativa legislativa que prende las alertad en el gremio periodístico. El proyecto de ley, impulsado por el congresista José Luis Elías Ávalos, del grupo parlamentario Podemos Perú, propone sancionar a periodistas y medios de comunicación que difundan conversaciones privadas como chats o correos electrónicos vinculados a investigaciones en curso.
Esta iniciativa, considerada por muchos como una nueva "ley mordaza", busca restringir el acceso y la publicación de información que es clave en diversas investigaciones periodísticas. El debate se desarrolla en la sala Bolognesi del Congreso, en un contexto donde la labor del periodismo de investigación enfrenta cada vez más barreras legales y riesgos personales.
Uno de los puntos más controversiales del proyecto es que limita el uso de comunicaciones de funcionarios públicos como fuente de información, a pesar de que estas suelen ser fundamentales para destapar casos de corrupción, abuso de poder u otros delitos de interés público. De aprobarse, los hombres de prensa podrían enfrentar sanciones por ejercer su derecho a informar.
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Diversas organizaciones defensoras de la libertad de prensa advierten que esta norma vulnera derechos constitucionales y desincentiva el trabajo periodístico independiente, especialmente en un país donde revelar la verdad muchas veces tiene un alto costo personal y profesional. Casos recientes demuestran cómo periodistas son perseguidos o judicializados por publicar información incómoda para el poder.
Este proyecto de ley llega en un momento crítico para el periodismo en el Perú, donde la investigación rigurosa y la denuncia pública son más necesarias que nunca. Mientras en el Congreso se discute limitar la labor informativa, en las redacciones se mantiene firme el compromiso con el derecho de los ciudadanos a saber la verdad.
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