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“No es política de la Cancillería seguir lo que diga la Corte IDH”, afirma Maricarmen Alva

La parlamentaria cuestionó el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el proyecto de ley de amnistía, al que calificó como una intervención anticipada e improcedente.

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“No es política de la Cancillería seguir lo que diga la Corte IDH”, afirma Maricarmen Alva. (Foto: Richard Barrueta/EXPRESO).
Fecha Publicación: 01/08/2025 - 08:55
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La congresista no agrupada, Maricarmen Alva, cuestionó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por haber emitido una resolución preventiva frente a una ley aún no promulgada, el cual plantea una amnistía para militares y policías involucrados en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.

“La Corte se equivocó en adelantarse. Ni siquiera el proyecto de ley está aprobado. Ha sido un tema de procedimiento que no correspondía”, declaró Alva. Según la legisladora, la resolución del organismo interamericano constituye una intromisión en asuntos internos del Perú.

Asimismo, la expresidenta del Congreso afirmó que la postura del Ejecutivo no fue clara y que el canciller Elmer Schialer no manifestó públicamente un respaldo a la decisión de la Corte IDH.

“Yo no he escuchado al canciller que esté de acuerdo con esa posición (de la Corte IDH). Nunca. Creo que no es la política de la Cancillería”, sostuvo.

MÁS INFORMACIÓN: Elmer Schialer criticó a Corte IDH: “Se adelantó al opinar sobre una ley que aún no está vigente”

Maricarmen Alva también precisó que la pertenencia del Perú al sistema interamericano de derechos humanos no implica una obligación automática de acatar cada pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

“Puede tener su opinión, puede expresarse, pero no es vinculante. El hecho de que pertenezcamos a la Corte no significa que estamos obligados a hacer lo que la Corte diga”, enfatizó la congresista.

La parlamentaria se sumó así a otros sectores que cuestionaron la intervención de la Corte IDH, luego de que esta solicitara suspender los efectos de la ley, al considerarlo una amenaza a los derechos de las “víctimas de violaciones cometidas durante el conflicto armado interno”.

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