Modificaciones legales y su impacto: cómo desestabilizar la justicia con fines políticos [ANÁLISIS]
Las recientes modificaciones en la legislación penal y procesal fueron presentadas como esfuerzos por mejorar la lucha contra la delincuencia, pero su impacto real y sus intenciones políticas ocasionan dudas.
Las recientes modificaciones que se han hecho y continúan llevándose a cabo en el marco legal en materia de tipificación de delitos, el propio proceso penal y otras disposiciones conexas o vinculantes no deben ser consideradas decisiones aisladas o autónomas e independientes que solo se relacionan con las prerrogativas constitucionales del Estado para modificar en forma sustantiva el marco legal pertinente.
Todo ello bajo el supuesto, e inequívoco entendido, de que se trataría de mejorar el marco legal para hacerlo más eficiente y eficaz en la lucha contra la criminalidad.
Posiblemente, esta sea la visión general que mantiene la población sobre las reformas que se están llevando a cabo, aunque parece que no refleja la verdadera realidad.
Trasfondo de las modificaciones
Las modificaciones puestas en ejecución son, en su contexto, parte de un accionar político vinculado con el marco legal, a mi entender, orientado a consolidar posiciones políticas o partidarias de cara al próximo proceso electoral que se avecina en 2026.
Sostengo que se trata de una maniobra política que tiene como uno de sus objetivos desmerecer el marco legal para, de esa forma, suscitar las condiciones necesarias que desacrediten a los candidatos y los partidos tradicionales. Me refiero al desprestigio y al mismo desmerecimiento agudo del que está siendo objeto el Estado de derecho, incluso, en última instancia, la misma democracia como sistema de gobierno.
Esto implica, en el trasfondo, exasperar a la opinión pública y a la ciudadanía, mostrando la institucionalidad judicial como incapaz e incompetente frente al aumento de la delincuencia, un problema agudo y controversial, con particulares proyecciones en los ámbitos individual, colectivo, gremial, sindical y empresarial.
Se busca agudizar los conflictos internos para generar convocatorias, huelgas, paros de transporte, paralizaciones y todo tipo de protestas.
Asimismo, se intenta exacerbar los conflictos internos en el marco de la delincuencia y el crimen. Aunque pareciera un contrasentido, se trata de anteponer, frente a la crisis social, a las instituciones cuya finalidad no es otra que prevenir, tratar y reprimir la delincuencia.
Incompetencia como mensaje
Puede resultar una paradoja, un absurdo y hasta un contrasentido que sea el mismo Estado el que, haciendo uso de las prerrogativas que le otorga la democracia, busque debilitar a algunas instituciones, alterando bruscamente el marco legal para que las leyes sean poco o nada útiles en el combate contra el crimen como fenómeno social y político.
Se pretende mostrar que las normas y quienes las aplican poco o nada ayudan en la lucha contra la delincuencia como fenómeno desestabilizador. Sin razones o justificaciones aparentes, se modifican leyes que, como sabemos, son las únicas armas o medios de los que dispone la democracia para enfrentar fenómenos como la criminalidad incontrolable que afecta su integridad.
Legalidad maquiavélica
Una vez que las modificaciones legales se han llevado a cabo y las nuevas normas entran en vigencia, en un aparente juego maquiavélico de democracia, se procede a convocar públicamente a gremios, instituciones, funcionarios y especialistas en la materia, supuestamente para escuchar sus opiniones, ponencias y propuestas. Sin embargo, lo que realmente trasciende y marca la ruta de los acontecimientos es que estos debates siempre ocurren después de la entrada en vigencia de las modificaciones.
Lo verdaderamente democrático hubiera sido que, antes de implementar las modificaciones controvertidas, se convocara públicamente a los sectores involucrados y no después. Se trata de un juego sutil y astuto en el que se mezclan intereses controvertidos sobre temas sensibles que, más allá de los resultados —sean estos buenos o malos, convincentes o categóricos—, logran involucrar a toda la institucionalidad, al Estado de derecho, a los medios de comunicación y a la población.
El fenómeno de la delincuencia, en lugar de ser tratado como un problema residual y controlado, pasa a convertirse en un poderoso portento político.
Desprestigio como objetivo
Sin soslayar los daños colaterales que, con el paso de los meses, se generan en el sistema de justicia en su conjunto y en la propia seguridad ciudadana como pilar fundamental, en forma paralela se busca confrontar abiertamente a las instituciones encargadas del tratamiento del crimen.
Dichas instituciones se acusan mutuamente de ser responsables del aumento de la delincuencia en nuestro país, según lo que se conoce públicamente. Se pretende mostrar a la justicia como ineficiente para controlar el crimen, soslayando deliberadamente que la administración de justicia es un todo que involucra de manera recíproca a diversas instituciones, tales como la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial y el sistema carcelario.
Aparecen voceros oficiales que se dedican a atribuir culpas y responsabilidades frente a la crisis generada por la criminalidad. Sin embargo, resulta curioso y llamativo que en ningún momento mencionen la responsabilidad de quienes han legislado y aprobado estas leyes.
Legislación inversa
Cuando se analiza la secuencia y continuidad de las modificaciones legales llevadas a cabo en los últimos meses, salta a la vista, con meridiana claridad, una aparente sistemática que llama la atención.
En 2023, se promulgó la Ley 31751, cuya función era recortar los plazos de la prescripción penal, lo que permitió que muchos procesados, incluso en desempeño funcional, recurrieran a ella para solicitar la prescripción de sus juicios.
En marzo del mismo año, se promulgó la Ley 31989, que modificó de forma sustancial la normativa contra el crimen organizado. Poco después, se aprobó la Ley 31990, que alteró la legislación de colaboración eficaz. Más adelante, se promulgó la Ley 32108, que volvió a modificar la legislación en materia de crimen organizado.
A los pocos meses, se promulgó la Ley 32054, que impide la clausura y disolución de los partidos políticos. Luego, la Ley 32130 modificó el Código Procesal Penal para otorgarle mayores prerrogativas a la Policía Nacional en el ámbito de las investigaciones.
En octubre de ese mismo año, se volvió a modificar el marco legal contra el crimen organizado, incluyendo cambios en la figura procesal del allanamiento. Más adelante, se promulgó la Ley 32181, que establece que los mayores de ochenta años purguen sus condenas en sus domicilios.
Días después, la Ley 32182 modificó la carrera judicial y fiscal, agravando las sanciones contra jueces y fiscales. Asimismo, se modificó el delito de prevaricato, aumentando las penas correspondientes.
Corolario
No es necesario ser un especialista para darse cuenta de que estas modificaciones no son ajenas ni están distantes de la política, entendida como un medio particularmente eficaz para movilizar masas y manipular conciencias.
Se está utilizando la delincuencia en contraposición a la legalidad como una herramienta para desestabilizar a la política y a los políticos tradicionales.
Lo paradójico es que las instituciones nominalmente democráticas continuarán vigentes como parte del juego que les encomienda la propia ley. ¿No estaremos, acaso, frente a una senda electoral sospechosa, que apunta más a una desarticulación engañosa y poco clara?
Mientras tanto, la población seguirá creyendo que vive en plena democracia, aunque, en realidad, los autócratas electos continuarán manteniendo una apariencia de democracia y buen derecho, mientras despojan al sistema de todo contenido genuino.
Perú y Colombia reanudan relaciones diplomáticas y acuerdan nombramiento de embajadores
Maximiliano Aguiar regresa como asesor de Martín Vizcarra y traza estrategia política
Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, X, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.
