Militares y policías a un paso de ser amnistiados: se trata de agentes sin sentencia que lucharon contra subversión
Comisión de Constitución aprueba predictamen que otorga amnistía a personal sin sentencia firme por delitos cometidos en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000.
A pesar de la oposición de un sector de las bancadas de izquierda, la Comisión de Constitución aprobó el dictamen que otorga amnistía a favor de los miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA), Policía Nacional (PNP) y de los comités de autodefensa que estén siendo procesados, hayan sido acusados o no tengan sentencia firme por delitos cometidos en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000.
El dictamen fue aprobado después de un largo debate, con 15 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones. La propuesta también beneficia a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, adultos mayores e integrantes del comité de autodefensa que cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada y en trámite de ejecución.
El dictamen no se aplica para quienes se encuentran denunciados, imputados o condenados por terrorismo o por delito de corrupción de funcionarios.
El presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) explicó que existen más de mil militares que siguen siendo investigados después de 25 a 30 años de haberse iniciado las pesquisas.
“Hoy, 25 años después, existen cientos de militares y policías; en realidad, son más de mil procesados o investigados sin sentencia firme, muchos de ellos con condiciones de salud y económicas precarias, que permanecen atrapados en un limbo judicial que no resuelve su situación jurídica ni permite a sus familias reconstruir sus vidas”, indicó.
El congresista y vocero de Honor y Democracia, Jorge Montoya, autor del proyecto de ley, señaló que no se puede mantener de por vida investigados a militares y policías que lucharon por devolver la paz al país.
“Se busca establecer un marco de garantía para quienes salieron en defensa del orden constitucional y el sistema democrático, que no pueden permanecer de por vida con la amenaza de la persecución penal o sometidos a investigaciones con procesos interminables carentes de racionalidad y justicia”, sostuvo el almirante en retiro.
El legislador José Cueto (Honor y Democracia) sostuvo que existen Organismos No Gubernamentales como IDL que se han encargado de mantener perseguidos a policías y militares, y de mellar la moral de sus instituciones.
“Hay varias ONG como IDL que se han encargado de mantenerlos en juicios permanentes, en etapas de juicios de años y años; algunos han tenido que irse al extranjero, y tenemos mucho personal de bajo rango que luchó y que hoy ha muerto en la implacable persecución de estas ONG, y así le pedimos a este personal que vaya a luchar contra la inseguridad”, sostuvo.
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Aunque Cueto no es integrante de la Comisión de Constitución, dijo que participó en la sesión para dar a conocer a la población que los policías y militares que lucharon contra la subversión siguen siendo perseguidos, mientras que los terroristas fueron indemnizados gracias a las ONG.
“Hay que pensar en la gente que está defendiéndonos de la criminalidad. Somos un grupo de peruanos que defendimos el país y que muchos murieron, y no es justo que los que quedaron hasta lisiados continúen siendo perseguidos. Ya es tiempo de que termine esta persecución infame”, añadió.
Ideologización
Alfredo Azurín, de Somos Perú, hizo referencia a la ideologización de jóvenes e incluso de miembros del Congreso que quieren imponer en la población una forma de vivir que no es la democrática.
“Hay gente ideologizada que trata de cambiar hasta en el Congreso. Son espíritus inmundos, porque viven del odio y quieren imponernos la forma de vivir. (...) No se puede someter al país ni permitir que caiga en la anarquía”, refirió Azurín.
Más adelante, el congresista Alejandro Cavero (Avanza País) lamentó que un sector de jóvenes se esté dedicando a perseguir a militares y policías, cuando lo que deberían hacer es agradecerles por restaurar la paz y la democracia.
“Tengo 33 años y creo que los jóvenes de mi generación tenemos que estar profundamente agradecidos con todos los policías y militares que nos permitieron crecer en un país en paz, infinitamente más libre y democrático del que heredaron nuestros padres o nuestros abuelos. Y en lugar de que gente de mi generación se esté dedicando a perseguir a militares y policías, deberíamos agradecerles. El problema, en el fondo, es que la justicia que tarda no es justicia, y cuando el Estado se tarda 40 años investigando un delito, pierde la legitimidad de juzgarlo”, afirmó.
“Cazaron policías y militares”
Martha Moyano (Fuerza Popular), por su parte, sostuvo que después de derrotado el terrorismo, existieron sectores que se dedicaron a cazar a policías y militares que le hicieron frente a los subversivos.
“El Perú tiene una herida que aún no ha cicatrizado; se quedó abierta por las injusticias que se cometieron después del 2000, cuando se dedicaron a cazar militares, a cazar policías, a inventarles procesos”, enfatizó.
Recordó que este mismo sector se dedicó a tratar de invertir la historia y a enseñarles a los niños que los policías y militares eran los criminales, y que los terroristas eran quienes defendían a los campesinos, situación que fue denunciada para que esa generación no creciera con una falsa narrativa.
“Esta comisión va a luchar contra esta narrativa que tiene más de 20 años, y por supuesto, con los ojos cerrados, yo voy a votar por este dictamen”, agregó.
“Corte IDH no dijo nada”
La congresista y exfiscal de la Nación Gladys Echaíz afirmó desde su experiencia personal, que a los terroristas se les respetó el derecho de prescripción en el entendido de que el Estado otorga un plazo para la investigación, el cual no puede ser indeterminado.
“La justicia no es odio, no es venganza. Tiene una finalidad, y el Estado un plazo para perseguir ese delito y sancionarlo, al cabo del cual se extingue su potestad punitiva. Y esa prescripción se aplicó a los miembros de los ‘ejércitos populares’ e integrantes de Sendero, y se prescribieron sus acciones por haberse extinguido la potestad del Estado al no haber podido ser condenados dentro de los plazos ordinarios establecidos por la ley. ¿Dijo algo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? No dijo nada. Yo podría traer la relación de víctimas, pero no eran de la policía ni de los militares. Habiendo sido víctima de uno de esos ‘ejércitos populares’, apliqué la ley porque es lo que corresponde”, enfatizó.
Opositores al predictamen
Entre quienes opinaron en contra del proyecto de ley estuvo la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático), quien señaló que la propuesta generaba impunidad.
“Voy a exponer puntos de vista del lado de las víctimas. Con mucha facilidad se califica a la gente y se le dice terrorista, caviar; se hace un conjunto de calificativos, pero no se mira la otra cara y los efectos de la ley, que para mí es una muestra de impunidad”, sostuvo.
Por su parte, el congresista Jaime Quito, de la Bancada Socialista, se mostró contrario a la aprobación del proyecto de ley e indicó que se pretende reescribir la historia “señalando como héroes a quienes violaron los derechos humanos”.
“Sin miedo y sin temor, hay que señalar que esta ley es una ley de impunidad. Sin miedo y sin temor, hay que decir que quieren reescribir la historia del país, señalando como héroes a quienes sistemáticamente violaron los derechos humanos en nuestro país. Hay que señalar que, a lo largo de todos estos años, aquellos que estuvieron en contra de la ley de impunidad en la década de los 90, hoy veo que fervorosamente van planteando este proyecto”, indicó.
Su compañero de bancada, Alex Flores, aseguró estar en contra de los miembros de las FF. AA. y la PNP que cometieron actos extrajudiciales, que están documentados, y no de aquellos que hicieron su labor dentro de la ley.
“Nadie puede estar sometido a un proceso judicial eterno que viola sus derechos humanos, pero también debería preguntarse lo mismo de parte de las víctimas. Soy de Ayacucho, donde se dio la mayor cantidad de casos. Hay personas que han perdido a sus familias y que hasta ahora no han encontrado justicia”, aseguró.
Una vez aprobado el predictamen, el presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, dijo esperar que la directiva del Congreso agende lo más pronto posible el debate del predictamen para que sea aprobado por el Pleno del Parlamento.
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