Martín Vizcarra: Fiscalización recomienda denuncia constitucional por organización criminal en caso Richard Swing
Comisión de Fiscalización sugiere también la inhabilitación en el ejercicio de la función pública del exmandatario por un plazo de 10 años.
La Comisión de Fiscalización del Congreso, a través de un informe final por el caso "Richard Swing", recomienda la acusación constitucional por el supuesto delito de organización criminal y otros contra el expresidente de la República Martín Vizcarra y demás exministros presuntamente involucrados en la contratación del cantante en el Mincul.
Asimismo, la comisión, que es presidida por el congresista Edgar Alarcón (Unión por el Perú), sugiere la inhabilitación en el ejercicio de la función pública hasta por 10 años del exmandatario. Cabe señalar que el susodicho busca llegar al Parlamento de la mano con Somos Perú.
"[Esta Comisión recomienda] acusar constitucionalmente al exmandatario Martín Vizcarra (...) por infracción constitucional y la comisión de varios delitos de función como se detalló en párrafos precedentes, así como por liderar una organización criminal, conforme a la Ley que regula y tipifica ese caso, en consecuencia corresponde la inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad de acuerdo a las normas vigentes", se lee en el documento.
Este informe, de 315 páginas, menciona que el vacado exmandatario habría incurrido en varios delitos de función, además de haber liderado una supuesta "organización criminal" que "habría capturado el Poder Ejecutivo y sus dependencias, para utilizar el poder político con el que contaba Martín Vizcarra y sus miembros -servidores, asesores y autoridades en diversas entidades del Estado- para contratar a las personas de su entorno, beneficiándolas a través del uso de recursos del Estado".
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Entre otras cosas, el grupo de Fiscalización exhorta, asimismo, la acusación constitucional contra los exministros Fabiola Muñoz, Jorge Montenegro y varios titulares de la cartera de Cultura, debido a que habrían permitido que se ejecuten actos ilegales e ilícitos durante su gestión al haberse efectuado contrataciones irregulares.
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