Martín Vizcarra disolvió Congreso para lograr impunidad

La verdadera razón por la que el expresidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso de la República en 2019 fue que se avecinaba una moción de vacancia en su contra, ya que en ese momento la Comisión de Fiscalización lo investigaba por presuntamente haber cometido actos de corrupción cuando fue gobernador regional de Moquegua, afirmó el exparlamentario Segundo Tapia.

“Estábamos viendo el tema del hospital de Moquegua con ICCGSA; Lomas de Ilo con Obrainsa, y el tema del aeropuerto de Chinchero. Al final, fue el verdadero motivo para la disolución del Congreso; incluso habíamos visto que existía una infracción constitucional, lo cual era motivo de vacancia”, dijo a EXPRESO, Segundo Tapia, expresidente de la Comisión de Fiscalización del Legislativo disuelto.

Trabajó para Odebrecht

“No hay que olvidar que su hermano era el presidente de CYM Vizcarra, su vicepresidente era el propio Martín Vizcarra, y habían trabajado directamente como contratistas de Conirsa, que a su vez trabajó para Odebrecht”, dijo Tapia. También señaló que Martín Vizcarra buscó cualquier excusa para librarse de las acusaciones y no tuvo mejor idea que disolver el Parlamento.

En la mañana de ayer, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso recibió a Vizcarra quien, junto a sus extitulares del Consejo de Ministros, Salvador del Solar y Vicente Zeballos, enfrenta una denuncia constitucional por haber disuelto la representación nacional en 2019.

Segundo Tapia, Carlos Tubino, Esther Saavedra, Marisol Espinoza, Sonia Echevarria, Milagros Takayama, Mauricio Mulder, María Melgarejo, Rosa Bartra, Juan Carlos Yuyes, Betty Ananculi, Federico Pariona, Juan Carlos Gonzales, Wilmer Aguilar y Carlos Ticlla, fueron los exparlamentarios del disuelto Poder Legislativo, que presentaron la denuncia constitucional.

Vizcarra quiso desviar tema

Durante la sesión de la Subcomisión, Vizcarra se defendió señalando, entre otras cosas, que no podía gobernar porque la oposición fujimorista del Congreso le puso trabas insalvables.

“El 21 de marzo de 2018, asumo en sucesión constitucional. Luego tuve dos reuniones con la presidenta de la bancada mayoritaria del Congreso, la señora (Keiko) Fujimori: una primera reunión en muy buenos términos, donde ofrece trabajar de manera conjunta, y una segunda reunión donde me dice que para trabajar juntos requería cambiar dos ministros. Le dije que eso era parte de la competencia del Ejecutivo”, sostuvo.

Te lo avaló

Fue entonces cuando el congresista delegado del caso, Héctor Ventura (Fuerza Popular), lo conminó a tocar el tema materia de la denuncia.
Vizcarra continuó diciendo que, desde ese momento, la relación con la bancada opositora empeoró y, por eso, planteó en julio de 2019 el adelanto de elecciones para renovar todas las autoridades, incluyendo al presidente de la República y a los congresistas.

Más adelante, el expresidente señaló que el acto de disolución en mención por denegación fáctica de la cuestión de confianza fue refrendado por el Tribunal Constitucional de ese entonces.

“El Tribunal Constitucional dice (en ese entonces): ‘Por las consideraciones expuestas en esta sentencia, el Poder Ejecutivo en este caso contaba con competencia para plantear una cuestión de confianza tanto para proponer una reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, como para solicitar la postergación de la elección de los magistrados lo cual obedeció a la especial coyuntura política que atraviesa el país’. Eso no lo digo yo, lo dijo el Tribunal Constitucional”, indicó Vizcarra.

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Ventura, más adelante, le preguntó al denunciado a quién se le ocurrió la idea de solicitar una cuestión de confianza por la ley de reforma del TC; sin embargo, el expresidente solo contestó que fue una decisión colegiada.

“No es una decisión individual, es colegiada del Consejo de Ministros”, dijo Vizcarra al referirse a la sesión del 27 de septiembre de 2019, cuando se decidió efectuar la cuestión de confianza.

No quiso contestar

Es decir, no quiso contestar si la idea fue de él, o de su entonces premier Salvador del Solar u otro ministro.
Asimismo, el parlamentario de Fuerza Popular le preguntó cómo podían haber solicitado una cuestión de confianza por un hecho que es una atribución exclusiva del Parlamento, como en el caso de elegir los miembros del Tribunal Constitucional.

En este punto, quien contestó a la pregunta fue Alejandro Salas, defensor y militante del partido de Vizcarra.
“golpista”

“El Tribunal Constitucional recién en 2023 ha interpretado y llenado ese vacío que el congresista delegado pretende aclarar. Los parámetros y las nuevas reglas sobre cómo debe interpretarse, y que este TC ha dicho que, a partir de esta sentencia en adelante, se aplican de esta manera, no estaban establecidos en 2019; era otra hermenéutica en el tratamiento de la cuestión de confianza”, aseguró.

A continuación, el exministro del también golpista Pedro Castillo recordó las palabras de Ernesto Blume, miembro del máximo intérprete de la Carta Magna en esos momentos, y quien votara contra la decisión mayoritaria.

“Lo que dispone el TC se tiene que cumplir, les guste o no les guste. Esas eran las reglas en ese momento. El presidente no era adivino respecto a cuáles iban a ser las reglas establecidas después; eso no es correcto”, dijo Salas.

Durante la reunión de la Subcomisión, estuvieron presentes varios de los congresistas denunciantes, como Tapia y Tubino.
Tapia calificó de “golpista” a Vizcarra y pidió al Congreso “no dejar impune” este hecho, ya que considera que “afectó la democracia” y el principio de separación de poderes.

“Los peruanos estamos obligados a defender la Constitución Política del Estado, el Estado de derecho y la democracia. La disolución del Congreso de la República el 30 de septiembre de 2019, cometida por el expresidente Martín Vizcarra Cornejo bajo el mecanismo de denegación fáctica, fue un acto inconstitucional; por lo tanto, fue un golpe de Estado que no debe quedar impune”, expresó.

Todo el poder

El acusado respondió que el verdadero golpe de Estado fue el ocurrido el 5 de abril de 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori.
“Golpe de Estado fue el que intervino el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, cuando tomaron presos a los políticos que se opusieron y callaron a la prensa. Eso es golpe de Estado, con tanques en las calles”, indicó.

Por corrupción

Por su parte, Tubino señaló que el 30 de septiembre de 2019 hubo un golpe de Estado que causó un desequilibrio en el país, generando la inestabilidad política de hoy.

“Eso hizo el señor expresidente Vizcarra, tomó una decisión que claramente no está bien refrendada en un acta, porque lo que se hizo fue cerrar un poder del Estado, disolver el Congreso, disolver las aspiraciones de 130 congresistas que habían llegado a estos curules con el voto popular”, añadió.

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