Maquillaje legal del proselitismo velado: parlamentarismo, fiscalización y propaganda retocada [ANÁLISIS]
Una reforma hecha a medida: La reciente propuesta legislativa abre las puertas a la reelección velada de congresistas activos, usando recursos públicos y ventajas institucionales.
El problema de fondo, y que trasciende el mismo sentido y finalidad de la democracia, es aquella controversia suscitada en torno a la propuesta legislativa que persigue violentar la neutralidad política que caracteriza el principio de representatividad, otorgando de forma unilateral y sin mayores deliberaciones populares, la posibilidad de que los mismos y propios congresistas desarrollen de manera soterrada y encubierta actividades de proselitismo político a favor de ellos mismos.
Hablamos de que nuestro propio Congreso de la República, en el presente caso integrado por todos y cada uno de nuestros representantes, que son elegidos a través del voto popular para que representen los derechos e intereses de todo el pueblo peruano, deje de lado o renuncie a todo sentido de arbitrariedad, ecuanimidad y justicia, que en la práctica es lo que abarca y abraza todo, para pasar a convertirse en un espacio nada democrático, lleno de incertidumbre, ausente de una verdadera representatividad y carente de una pura y sana deliberación.
Proselitismo maquillado
Hablamos de un proselitismo negativo, encubierto e incluso maquillado, a través del cual lo que se persigue no es otra cosa que los votos electorales mayoritarios para volver a ser elegidos ahora como diputados o senadores en el próximo Congreso.
Una percepción negativa y contraproducente desde todo punto de vista para la democracia, la representación popular y la transparencia funcional. Con los recursos propios de todos y cada uno de los peruanos, se buscará convencer, o mejor dicho inducir, a los electores a través de la figuración personal de parlamentarios en campaña electoral.
Hablamos de un protagonismo individual, amparado por una partidocracia selectiva y poco escrupulosa, a través de la cual se buscará ejercer presión o coerción subliminal y psicológica sobre las decisiones que deben tomar los electores.
Se buscará sacar el mayor provecho, aunque de forma maliciosa, de las calamidades, carencias, ausencia de transparencia y otras taras que caracterizan nuestro universo político y electoral, aprovechándose de las frustraciones, el desánimo colectivo y el pesimismo.
Una forma conversa de convicción, aunque a la misma vez inversa y contradictoria, aprovechándose de un proceso electoral confuso, fraccionado, altamente complejo y particularmente enrevesado, para sacar los mayores réditos personales a favor de los congresistas en campaña, en abierta contradicción de la pluralidad y la igualdad de los competidores electorales en términos de equidad y diversidad.
Imparcialidad electoral
No se necesita ser un experto en actividades electorales y menos tener una visión algo aguda y capciosa sobre el particular, para darse cuenta con meridiana claridad de que el objetivo de esta propuesta legislativa, aparentemente descabellada e incoherente, no es otro que la reelección inmediata, encubierta y velada, tanto para ser diputado y con mayor razón si se trata de senadores por su reducido número, de parte de quienes en la actualidad desempeñan labores parlamentarias, legislativas y abusan desafortunadamente de esta prerrogativa.
Nada o poco importa la democracia como sistema enarbolado por la Constitución Política, si de lo que se trata es legislar en sentido contrario.
Refiero lo que señalo porque ni los mismos legisladores en actividad y que legislan en estos términos, a excepción de una minoría parlamentaria selecta y responsable, pueden fiscalizarse entre ellos mismos frente a los casos de gran corrupción que se suscitan en forma permanente en el Parlamento nacional; menos aún en las próximas elecciones prevalecerá un interés mínimo, sincero y hasta correcto, como para fiscalizar un proceso electoral futuro en el que los mismos que legislan a su favor competirán con estas ventajas de forma abierta contra sus opositores.
Peculado doloso
La legislación penal en nuestro país sanciona hasta con penas de ocho años de privación de la libertad a los funcionarios públicos que utilizan en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, custodia o administración le esté confiada en razón de su cargo.
Al respecto, surge la interrogante central: si los congresistas en actividad pueden hacer labor proselitista o alguna similar a su favor utilizando los recursos del Estado que les han sido entregados para fines específicos y no para los que ellos consideran que pueden ser utilizados.
Lo señalado tiene un doble sentido: que se sepa, la Constitución Política y menos aún alguna ley establece y permite que los parlamentarios puedan participar en materia de fiscalización en un proceso electoral en el que ellos mismos participan como candidatos.
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En todo caso, lo podrían hacer, siempre y cuando no intervinieran en el proceso electoral en el que son parte como cualquier otro candidato.
De otra parte, no es un tema que compete al poder parlamentario, en tanto que la misma Constitución Política es clara y meridiana en señalar que existe un marco normativo específico para el cumplimiento de tales fines; tanto es así que existen autoridades de igual rango para hacerlo, como es el Jurado Nacional de Elecciones.
El hilo de la madeja
Ahora se entienden algunas de las razones por las que se modificaron las normas pertinentes, justamente para que los actuales parlamentarios en actividad puedan, contra viento y marea, volver a ser elegidos.
No se trataría solo de la reelección en términos y condiciones tremendamente favorables y ventajosas para unos y en contra de otros, sino además de aprovecharse de un protagonismo y figuración mal concebida bajo la apariencia de la fiscalización.
Se busca un protagonismo parlamentario a toda costa para fines estrictamente electorales, partidarios y proselitistas. Una secuencia de acontecimientos legislativos entrelazados y correlativos, no solo para favorecer a los que ellos mismos legislan, sino además para abusar de la labor parlamentaria en términos y condiciones operativas y logísticas tremendamente ventajosas, como parte de un mismo esquema o campaña electoral, a diferencia de los otros candidatos o partidos políticos que, con tremendas desventajas, limitaciones y factores en contra, deben pugnar en las elecciones pero con sus propios medios y limitados recursos financieros.
Continuidad perniciosa
Es un mal augurio y presagio la forma y manera como se está legislando, solo para favorecer a unos cuantos parlamentarios y en contra de las grandes mayorías.
Un Poder Ejecutivo que más pareciera tener un juego de espejos o de distracción, como para tener entretenida a la población mientras surgen acontecimientos de toda naturaleza que ponen en tela de juicio la transparencia y la buena reputación de la gestión.
Un Poder Legislativo más interesado en sacar el mayor provecho para su propio y particular beneficio, promulgando todo tipo de leyes, en especial las que persiguen continuar en el cargo.
El otro poder del Estado es un sistema de justicia lento, acorralado y amodorrado frente a la magnitud de las presiones de las que es objeto.
Y la a justicia electoral como poder autónomo del Estado que, aunque pareciera que se encuentra atada de manos como resultado de un marco legal electoral malintencionado y diseñado para neutralizarlo, aún quedan fundadas esperanzas de que se desempeñará a la altura.
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