Lima no puede vetar políticamente a las regiones: Algunos congresistas ponen al país al borde del caos y la violencia, señala jurista Enrique Ghersi
La exclusión de los movimientos regionales solo beneficiará a Antauro Humala y a Vladimir Cerrón, que dicen estaría a punto de salir en libertad con ayuda de un habeas corpus del TC.
La exclusión de los movimientos regionales -añadida a la propuesta de la reforma constitucional que permite la reelección inmediata para alcaldes y gobernadores- sigue motivando controversia y rechazo por parte de la opinión pública y una nueva amenaza del sur altiplánico de organizar una quinta marcha violenta a la capital de la República.
El paquete trata de la modificación constitucional, en primera votación, de los artículos 35, 191 y 194 de la Carta Magna, pero para efectos de la liquidación del regionalismo político le bastó a Martha Moyano (FP) sacar a dichos “movimientos” y dejar, a secas, este texto: “Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de los partidos políticos de alcance nacional o alianzas entre estos…”.
Ya sabemos cómo es que cayó la noticia, sobre todo en el sur del país. El presidente de la Asociación de Movimientos Regionales del Perú, Freddy Vracko, de Madre de Dios, vocero político de la minería informal, ya anunció de inmediato una marcha de los “4 suyos” a la ciudad de Lima, como el rechazo a la medida antidemocrática, inconsulta e inconstitucional de la que culpa principalmente a la fujimorista Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, a Alianza Para el Progreso, de César Acuña, y en menor medida a Acción Popular (María del Carmen Alva).
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Y en Puno hay tres corrientes que planean la “quinta marcha a la capital”. Entre esos grupos, todos radicales, está, principalmente, la Coordinadora Nacional de Lucha (Conul) que lidera Lucio Callo Callata, del prosenderista Movadef; así como la rama magisterial puneña del Fenatep, también pro Movadef, bajo la conducción de profesor Alexander Pilco.
En tercer lugar se ubican los movimientos regionales donde no se nota un liderazgo claro, pero las dos primeras plantean que la marcha a Lima debe ser entre los 26 y 28 de julio próximos, es decir antes del el día que la presidente Dina Boluarte proclame el Mensaje de Fiestas Patrias.
Adriana Tudela
La legisladora Adriana Tudela (de Avanza País) fue la primera del bloque democrático del Congreso en tomar distancia de una medida temeraria que, so pretexto de fortalecer a los partidos políticos, cruzaba la delgada línea roja de la constitucionalidad de la República al colisionar contra lel derecho a la participación ciudadana.
Y es que para Tudela “es controversial y cuestionable pretender limitar de esa manera la libre asociación que puede existir a nivel regional o local y la libertad que tienen las personas de poder organizarse para participar en la vida política”. Esto fue el 30 de mayo ante la prensa.
“Nosotros, en la Comisión de Constitución, aprobamos la reelección de alcaldes y gobernadores y eso fue lo que se debatió, lo que se sometió a votación. Yo voté a favor de dicha medida (...)”, recordó.
Es un incentivo para los gobernadores y alcaldes el tener la reelección porque eso les permite proyectarse a mediano y largo plazo respecto del electorado. Sin embargo, durante el debate en el pleno se incluyó también la prohibición o la eximición de los movimientos regionales, cosa con la cual yo no estoy de acuerdo, y por eso voté en abstención, subrayó.
Ghersi advierte
Para el jurista liberal Enrique Ghersi la exclusión, aun fuera en primera votación, de los movimientos regionales de las próximas contiendas políticas, “es flagrantemente inconstitucional porque limita el derecho a la participación política”.
Esto porque este tipo de organizaciones del interior del país tienen los mismos derechos que cualquier otra organización política de participar en procesos electorales de todos los niveles, sea local, regional o nacional.
Además de su inconstitucionalidad es un grave error político, agrega el ex también exdiputado, “porque va a fomentar la movilización de todos estos grupos para hacer una protesta legítima contra este intento de ilegalización. Se va canalizar una señal de rechazo a los partidos nacionales en la capital, reforzando el resentimiento provinciano hacia Lima”.
Lima no puede vetar políticamente a las provincias, es un suicidio, advierte. ¿Van a utilizar una ley de ese rango para inhabilitar a sus adversarios y enemigos?, se interroga.
Si esto sigue así, toda vez que el Ejecutivo no podría observarla porque se trata de una reforma constitucional, la respuesta de los nuevos “indignados” irá por tres caminos, augura.
“Primero, lo legal, donde es muy probable que el Tribunal Constitucional (TC) revierta esta decisión, a un costo político muy alto para el Congreso. Segundo, la política, con marchas y movilizaciones en todo el país, que van a hacer trastabillar a la frágil administración de la señora Dina Boluarte. Tercero, la moral, porque le va a otorgar legitimidad a grupos maximalistas, como el de Antauro Humala, para cuestionar los fundamentos del régimen democrático”.
Esto en circunstancias de que ya se sabe que el TC estaría por hacer público una medida muy grave: el TC está a punto de liberar a Vladimir Cerrón. “Estarían fallando un habeas corpus a su favor”, da cuenta Ghersi
“Con todo esto creo que puede explotar el país”, señala el también analista.
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