Ley de criminalidad sistemática no es la solución: no todos los extorsionadores y sicarios recibirán cadena perpetua
Según expertos, la norma aprobada por el Congreso puede favorecer a delincuentes que extorsionan y matan, debido a que no es clara. También urge dotar a la PNP de tecnología.
Los actos de extorsión, sicariato y otros delitos continúan registrándose en el Perú de manera alarmante, lo que ha llevado a ciudadanos a pedir cambios urgentes en la legislación.
Recientemente, el Ejecutivo promulgó la Ley n.° 32446, que incorpora el delito de criminalidad sistemática al Código Penal y lo castiga con cadena perpetua. En opinión de especialistas, la norma no es clara y “no será la solución al problema”.
El Perú se desangra cada día, por medio de atentados a transportistas, emprendedores, transeúntes e incluso niños. Solo en esta semana, extorsionadores atacaron a balazos a cuatro choferes de bus y a un mototaxista, en su consigna por obtener cupos.
Frente a este escenario, el Congreso de la República aprobó hace tres días la modificación del Código Penal mediante la Ley 32446, la cual tipifica este nuevo delito dentro del artículo 318-B.
Dicho artículo establece que serán condenados por criminalidad sistemática aquellos que utilicen municiones, armas de fuego (militares o civiles), artefactos explosivos o elementos de similares características para ejecutar delitos graves como secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado o robo agravado, siempre que provoquen zozobra o terror en la población o en un sector de ella.
La norma lleva la firma del presidente del Congreso, José Jerí, y la presidenta de la República, Dina Boluarte, cuya gestión sigue siendo duramente criticada.
Para el exministro del Interior Cluber Aliaga, el Estado quiere dar la idea de que sancionará con mayor drasticidad los delitos que preocupan hoy en día a la población, pero en la práctica no habrá grandes innovaciones.
Por el contrario, la defensa legal de los delincuentes puede escudarse en la terminología ambigua del artículo, lo que es aún más preocupante.
“Han utilizado un condicionante. El condicionante es ‘el usar armas y explosivos que creen un estado de terror o zozobra en la población o un sector de ella’. Y eso puede generar que la defensa de los delincuentes y los propios jueces no tengan una discrecionalidad, en el sentido de que puedan considerar de que estos hechos no han generado terror o zozobra en la población y no apliquen la ley”, dijo a EXPRESO el general PNP en retiro, quien también es abogado de profesión.
En un caso de homicidio calificado, por ejemplo, la defensa del sicario detenido puede interpretar a su favor la norma.
“Imagínate un caso de sicariato cometido en un barrio contra una persona. El abogado defensor va a decir: aquí no se ha generado terror o temor a la población, y por lo tanto no se aplica la ley; y cosas así, leguleyadas que al final van a hacer que esa norma no se aplique en todos los casos”, ejemplificó Aliaga.
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Además de esa ambigüedad, el término “criminalidad sistemática” es nuevo en el Código Civil, advirtió Aliaga. En ese sentido, espera que los jueces tengan una interpretación idónea de la norma.
“Lo que la población demanda es una acción drástica contra este tipo de delincuencia y, por lo tanto, la interpretación que debieran tener los jueces es que todo delincuente que, utilizando armas y explosivos comete los delitos antes descritos, debe ser considerado como (alguien) que crea terror o zozobra en la población, porque por eso se ha dado esta ley”, argumentó el especialista.
En esa misma línea, la abogada penalista Ada Cruz consideró que la imprecisión conceptual de la expresión puede remitir un criterio de carácter subjetivo, que a su vez generaría inseguridad jurídica, tanto para jueces como para fiscales y abogados defensores.
“Se trata, en gran medida, de una reiteración normativa frente a delitos ya regulados en nuestro ordenamiento, tales como el secuestro (art. 152 CP), la extorsión (art. 200 CP), el sicariato (art. 108-C CP), el homicidio calificado (art. 108 CP) y el robo agravado (art. 189 CP). Es decir, el legislador no ha creado una nueva figura delictiva autónoma, sino que ha acumulado tipos ya existentes bajo una fórmula”, explicó la letrada, al ser consultada por este medio.
“Pareciera, en realidad, que el legislador busca evitar la discusión pendiente sobre la redefinición del delito de terrorismo (art. 316 CP), subsumiendo en el 318-B una fórmula ambigua que mezcla criminalidad organizada con la idea de terror colectivo. Este desplazamiento conceptual no contribuye a la claridad normativa ni a la eficacia en la persecución penal”, agregó.
Lo que debió primar, según Cruz, era la claridad y criterios objetivos, que contribuyan a la lucha contra la inseguridad ciudadana.
“Si el objetivo es brindar herramientas efectivas contra la delincuencia organizada y las organizaciones criminales que generan violencia sistemática, se requiere precisar los elementos típicos, delimitando con claridad qué significa ‘zozobra o terror en la población’ y estableciendo criterios objetivos de comprobación (por ejemplo, la afectación a la seguridad pública, la pluralidad de víctimas, el carácter organizado y permanente del grupo delictivo)”, sentenció.
No frenará crímenes
La norma no permitirá reducir los niveles de criminalidad, consideró el exministro Aliaga.
“Creo que va a ser un paliativo, no va a ser la solución al problema, porque la misma norma no es absolutamente clara y contundente como debería haber sido”, consideró Aliaga.
Alberto Jordán, general en retiro y asesor en seguridad ciudadana de la Municipalidad de Lima, también coincide en que no tendrá algún impacto favorable.
Antes de promulgarse la Ley 32446, se debió realizar una planificación para que realmente funcione, apuntó.
“Necesitamos cárceles, necesitamos darles la tecnología necesaria a la Policía Nacional, darle la logística necesaria. Todos estos puntos se han obviado”, refirió el experto en diálogo con EXPRESO.
Para ganarle la batalla a la criminalidad, es necesario dotar de tecnología de punta a la PNP y, además, dar luz verde a la ejecución de penales en el país.
“Tiene que haber una inversión más grande en el tema de la tecnología. Darle a la Policía Nacional la tecnología necesaria y eso lo puede hacer la presidenta. Si levanta el teléfono y llama a las naciones europeas o de Norteamérica para preguntarle por la mejor tecnología, si se construyen unos penales en tres o cuatro meses, te aseguro que nos traemos abajo todo el tema de extorsión y sicariato”, reflexionó Jordán.
Asimismo, consideró que el nuevo fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, debería reunirse con el comandante general de la PNP para unir fuerzas.
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