Ley 32108: la puerta secreta a la impunidad
¿Protección legal para políticos y criminales? La norma que promete desestabilizar el sistema de justicia.
Se trata de una interminable discusión, poco fructífera y nada productiva, especialmente para la consolidación de nuestro sistema legal y jurídico en el país.
En este caso, dicha discusión ha sido amplificada y sobredimensionada al máximo por las posiciones y declaraciones encontradas de las instituciones encargadas tanto de legislar como de ejercer el control penal.
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Me refiero a si las modificaciones introducidas por la reciente Ley 32108 en materia de control del crimen organizado (al margen de lo relacionado con los allanamientos) afectan realmente, y sobre todo de forma significativa, la práctica judicial en la lucha contra la criminalidad organizada.
Hablo de los intereses partidarios o sectoriales representados por quienes intervinieron en la modificación de la norma original, en el entendido de que, una vez en vigor la norma, algunos de ellos buscan ahora ante las autoridades judiciales la manera de librarse de los procesos penales en los que están implicados, en el marco de las leyes que reprimen el crimen organizado.
Representatividad invertida
Hablo de los mandatos constitucionales que encomiendan legislar a favor de las grandes mayorías para solucionar los graves problemas que afectan a nuestra sociedad. Sin embargo, en este caso, se ha desnaturalizado, menospreciado y manipulado, o incluso algo peor: se ha pervertido el sentido y los fines de las leyes en términos democráticos, para favorecer intereses personales y partidarios.
Todo esto se hace en la contraproducente búsqueda de establecer fórmulas legales moduladas expresamente a través de las leyes, solo para librarse ellos mismos de las graves imputaciones que pesan sobre ellos.
Me refiero a recurrir a la legalidad para alterar el marco jurídico, soslayando el Estado de derecho y, en última instancia, la misma democracia, no solo como un régimen de gobierno equilibrado y transparente, sino también como un mecanismo para solucionar conflictos dentro de los parámetros que establece el propio marco constitucional.
Hablo de desestabilizar y desequilibrar un sistema de justicia ya bastante deteriorado por las constantes reformas a las que ha sido sometido. Es una actitud irresponsable de algunos legisladores, con el beneplácito del Poder Ejecutivo, que constantemente modifican las leyes sin criterios válidos o razones plausibles que lo justifiquen.
Ilegalidad soterrada
Se trata de una perniciosa actitud adoptada en los últimos años por quienes conducen las riendas del país, de promulgar y modificar constantemente las leyes penales como parte de una aparente solución, cuando en realidad prevalecen intereses ocultos.
Es una finalidad encubierta que busca suscitar falsas expectativas o una confianza engañosa frente a la propia incapacidad de establecer el orden y la paz social, sobre todo ante la creciente ola de crimen, impunidad y violencia. Todo esto, con el fin de obtener beneficios particulares o partidarios oscuros en contra de los principios de igualdad, equidad y sana convivencia.
Es una cadena interminable y sistemática de excesos, exigencias indebidas, despotismo y otras falencias humanas, que en la práctica cotidiana, no son otra cosa que la búsqueda de una escandalosa impunidad furtiva, como estrategia para lograr un respaldo legal.
Crimen organizado político
Hablo de un fenómeno criminal y de la legislación penal y procesal que lo regula, que en los últimos años ha adquirido un realce político, tanto por su impacto colectivo como por el manejo político que oculta. Es un marco legal que ha sido objeto de una serie de modificaciones desde que se introdujo la figura jurídica del delito de crimen organizado en nuestro medio hace ya más de una década, hasta la promulgación de la reciente ley.
Incluyo aquí las modificaciones a la legislación procesal penal que establecen, incluso, un régimen especial o excepcional para casos de corrupción y lavado de activos, relacionados con el crimen organizado.
Es una legislación ideal para incorporar lo que conviene estatutariamente como una organización criminal, sobre la base de una percepción popular manipulada. Un mecanismo legal de manipulación, tanto para encubrir como para exacerbar la opinión pública frente a la inseguridad ciudadana.
Manifiesto que se trata de un debate poco productivo en términos de resultados o propuestas sobre posibles modificaciones a la ley que mejoren la situación. Nos referimos a rivalizar y debatir sobre mayores precisiones en la figura del crimen organizado, como si se tratara en esencia de un fenómeno exclusivamente jurídico.
Entre otros razonamientos, se discute si media una pluralidad de agentes, la complejidad de la organización, lo sofisticado de su estructura, las estrechas relaciones entre sus operadores, lo que sucede en su interior, si existe una correlación de roles en su estructura, un reparto de las labores, la capacidad de controlar los mercados ilegales, y en última instancia, si en efecto puede haber una interpretación clara y precisa en materia de imputaciones, hechos fácticos, tanto individuales como colectivos, o sobre los modelos imperantes en materia de tipicidad penal.
Hablo de conceptos con un amplio margen de relatividad, imposibles de describir en una ley. Es una actividad interpretativa y demostrativa que, en todo caso, depende más de los medios probatorios que se aporten para cada juicio en particular, con el fin de corroborar cada una de las hipótesis planteadas.
Me refiero a una amplia lista de expresiones lingüísticas, figuras denominativas, verbos rectores u otras posibilidades expresivas, que pueden ser equivalentes o diferentes en la práctica cotidiana, especialmente si estamos frente a una pluralidad de agentes criminales cuyo objetivo es ponerse de acuerdo, o mejor dicho coordinar voluntades y acciones concretas para cometer diferentes delitos, de por sí bastante complejos y con distintos niveles de participación.
Se trata de una sinonimia exacerbada al máximo a través de la información masiva, que poco o nada ayuda a clarificar conceptos respecto a lo que implica o puede involucrar a una organización criminal en un mundo cada vez más cambiante, que siempre se aprovechará de los vacíos legales como medio de defensa.
Escandalosa impunidad
En resumen, se trata de una ley mal concebida, desacertada y errónea en los términos que menciono, que poco o nada ayuda en la lucha contra el crimen organizado.
Más bien, parece una modificación legal concebida para generar confusión, desorden, superposición y desarreglo, con el fin de desestabilizar el sistema de control, hacerlo endeble, superpuesto, y en última instancia, sacar el mayor provecho, desmerecer imputaciones y solicitar que determinados procesos judiciales en materia de crimen organizado sean archivados, argumentando que no cumplen con las descripciones incorporadas en materia de tipicidad penal.
Es una modalidad legitimada de escandalosa impunidad para beneficio de unos cuantos, en desmedro de la seguridad jurídica colectiva.
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