Katy Ugarte presenta proyecto que favorecería a parlamentarios involucrados en caso ‘Mochasueldos’
La legisladora defiende su iniciativa asegurando que no tiene intereses personales.
La congresista Katy Ugarte presentó un proyecto de ley que podría eliminar las denuncias contra los conocidos ‘Mochasueldos’, generando un amplio debate sobre sus posibles implicancias en el ámbito judicial y parlamentario.
Ugarte explicó que esta iniciativa busca garantizar la veracidad de las declaraciones en procesos judiciales, argumentando que “no puede ser que personas que te injurien falsamente después estén libres”.
La parlamentaria enfatizó que esta propuesta no responde a intereses personales, sino a la necesidad de fortalecer el sistema judicial y asegurar que cada testimonio sea respaldado por pruebas concretas.
Esta iniciativa legislativa generó controversia, especialmente porque Ugarte enfrentó denuncias por recorte de sueldos, lo que levantó sospechas sobre sus motivaciones.
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Sin embargo, la parlamentaria rechazó cualquier vínculo entre su iniciativa y su situación personal, subrayando que su objetivo es “garantizar que el sistema judicial realmente funcione y que haya justicia verídica”.
La congresista también desestimó las acusaciones de que la ley podría blindar a legisladores investigados por ‘mochasueldos’, asegurando que “una ley es para todos los ciudadanos del Perú, no específicamente para unos cuantos”.
Según Ugarte, su propuesta permitirá que las declaraciones en los tribunales sean más rigurosas, reduciendo el número de denuncias basadas en “mentiras”.
El debate sobre este proyecto promete ser intenso, ya que se tocarán temas delicados como la protección de los denunciantes y la efectividad de las sanciones contra quienes mienten en los procesos judiciales.
“Esto va a permitir que cualquier declaración sea verídica, eso es lo que buscamos”, concluyó Ugarte, quien espera que su iniciativa sea discutida y evaluada en el Congreso.
Como es público, Katy Ugarte propuso aumentar la pena por perjurio, elevándola de la actual sanción de entre uno y cuatro años a una pena de prisión de seis a ocho años.
Además, su propuesta busca ampliar el alcance del delito, incluyendo declaraciones falsas en procesos judiciales, comisiones investigadoras del Congreso y otros escenarios bajo juramento.
También plantea añadir dos nuevos artículos al Código Penal para tipificar el perjurio, argumentando que esta medida es esencial para mantener la confianza en los procesos judiciales y administrativos, y proteger los derechos de los involucrados.
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