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Katherine Ampuero, exprocuradora: “Vizcarra, Alva y Zamora pueden ser condenados a 15 años de cárcel”

Exhortó a Congreso a que dé trámite a denuncia constitucional presentada por fiscal de la nación, Delia Espinoza, por compra irregular de pruebas rápidas, cuyo uso ocasionó miles de muertes por covid-19.

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Katherine Ampuero, exprocuradora: “Vizcarra, Alva y Zamora pueden ser condenados a 15 años de cárcel”.
Fecha Publicación: 29/04/2025 - 02:37
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Katherine Ampuero, finalmente, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó la denuncia constitucional al Congreso contra Vizcarra, Zamora y Alva por la irregular compra de pruebas rápidas, luego de que, en un primer momento, la acusación fuera archivada.

Esta denuncia yo la presenté en el año 2021, cuando era fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, pero ella, lejos de iniciar una investigación, lo que hizo fue guardarla. Quien abrió investigación fue Pablo Sánchez en el año 2022, pero el año pasado, el entonces fiscal de la nación, Juan Villena, archivó la investigación. Y es gracias a la cobertura de los medios que nosotros nos opusimos a ese archivo y presentamos un pedido para que se reabriera el caso. Es ahora que la fiscal de la nación, Delia Espinoza, ya ha formulado una denuncia constitucional contra Martín Vizcarra, María Antonieta Alva y Víctor Zamora por colusión agravada, que es uno de los delitos más graves contra la administración pública.

¿Cuántos años de cárcel acarrea este delito?

Puede llegar a 15 años de pena privativa de la libertad.

¿La imputación es que Vizcarra y Alva se coludieron con representantes de empresas chinas para comprar casi un millón y medio de pruebas rápidas?

Efectivamente. Lo más cuestionable es que ellos tenían conocimiento de que las pruebas rápidas no servían para detectar el coronavirus, porque arrojaban falsos negativos. Ellos tenían certeza de eso, porque ya la OMS y la OPS les habían informado que no era recomendable su uso. Pero, pese a tener esta información absolutamente formal, decidieron la compra millonaria de un millón cuatrocientas mil pruebas rápidas. Y, de acuerdo con las investigaciones, la compra se sobrevaloró en más de 22 millones de soles. Por eso hablamos de colusión agravada; es decir, hay un perjuicio económico de más de 22 millones de soles al Estado, pero el perjuicio más grande, en realidad, fue el ocasionado a la salud, vida e integridad física de miles de peruanos.

Hay un decreto que se emitió en donde se indica que el encargado de estas compras ya no iba a ser el Ministerio de Salud, sino el de Economía, a cargo de Alva.

Sí. María Antonieta Alva se coludió con Martín Vizcarra. Ellos llamaron a los representantes de las empresas chinas al MEF para una reunión que tuvo lugar el 18 de marzo de 2020. Es allí donde se coludieron para beneficiar a las empresas chinas con las compras de pruebas rápidas sobrevaloradas. Y para eso quitaron, a través de un decreto de urgencia, la competencia del Ministerio de Salud, para que fueran ellos los que compraran las pruebas rápidas a través de Perú Compras, que es una institución adscrita al MEF. Al ser un tema de salud, le correspondía al Minsa realizar esta compra. En ese momento, la ministra de Salud era Elizabeth Hinostroza, pero ella se negó a comprar estas pruebas.

La exministra Elizabeth Hinostroza, durante su presentación en la Comisión de Fiscalización del Congreso, dijo que las pruebas rápidas generaron las muertes de miles de peruanos. Ella señaló, además, que fue apartada de esta reunión en el MEF porque se negaba a adquirir estos test que arrojaban falsos negativos.

En el año 2021, dentro de la denuncia que yo presenté, incluía como investigada a la exministra Elizabeth Hinostroza. Sin embargo, en el desarrollo de las investigaciones, ha quedado demostrado que ella era una opositora a la compra de las pruebas rápidas, convirtiéndose en un personaje adverso a los intereses del Ejecutivo y de las empresas chinas. Es por eso que la sacaron de la investigación. Me parece entonces muy acertado que la fiscal de la nación no haya presentado una denuncia constitucional en contra de ella, quien tendrá que comparecer como testigo, dado que sus declaraciones son muy importantes.

Zamora fue quien estableció el protocolo que determinó que las pruebas rápidas eran equivalentes a las moleculares, priorizando su uso, lo que fue totalmente anticientífico.

Cuando Zamora asumió en reemplazo de Hinostroza, se adhirió al pacto colusorio que existía entre Vizcarra, Alva y las empresas chinas, y dio el visto bueno para la utilización de las pruebas rápidas. Sin la intervención de Zamora, nunca se habría usado en el país estas pruebas. Él cambió el protocolo del Ministerio de Salud, que solo establecía el uso de pruebas moleculares, y determinó que la detección del coronavirus se hiciera por pruebas rápidas. Es por eso que también figura como investigado dentro de esta denuncia por colusión agravada.

El Congreso tiene que darle celeridad a esta acusación constitucional porque las muertes de miles de peruanos no pueden quedar impunes.

Yo quiero invocar al Congreso a que dé la talla y que, por favor, resuelva rápido este pedido de la fiscal de la nación para que las miles de víctimas del coronavirus encuentren justicia.

Katherine Ampuero, exprocuradora: “Vizcarra, Alva y Zamora pueden ser condenados a 15 años de cárcel”

Katherine Ampuero advierte que Vizcarra, Alva y Zamora podrían enfrentar hasta 15 años de cárcel.  La exprocuradora destaca que la compra de pruebas rápidas inservibles agravó el daño económico y causó miles de muertes en el Perú.

La exprocuradora anticorrupción explica que, pese a las advertencias internacionales, Vizcarra y Alva favorecieron a empresas chinas en adquisiciones millonarias.

Fiscalía denuncia a Vizcarra, Alva y Zamora por graves delitos contra el Estado. La denuncia constitucional presentada por Delia Espinoza busca hacer justicia por la corrupción y el daño sanitario provocado en pandemia.

Exministra Hinostroza se opuso a la compra irregular y será testigo clave Elizabeth Hinostroza, apartada por negarse a adquirir pruebas defectuosas, respalda la acusación de colusión agravada contra los implicados.

“Miles de muertes no pueden quedar impunes”, señala Katherine Ampuero, que exige celeridad a fin de aprobar la acusación constitucional y sancionar a los responsables del perjuicio que ocasionaron al país.

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