Jorge Montoya evalúa denuncia constitucional contra Janet Tello por incitar a jueces a usar control difuso en normas
Parlamentario considera lo dicho por presidenta del PJ como una falta muy grave, pues, según él, está tratando de influir en resoluciones judiciales.
El vocero de Honor y Democracia, Jorge Montoya, dijo estar evaluando la presentación de una denuncia constitucional en contra de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, por haber incitado a que los jueces utilicen la figura del control difuso en normas como la ley de amnistía para policías y militares.
“La presidenta del Poder Judicial ha exhortado a sus jueces a que apliquen el control difuso. (Una denuncia constitucional) podría darse por eso. Vamos a analizar el caso”, afirmó el parlamentario.
Montoya consideró lo dicho por Janet Tello como una falta muy grave, ya que, dijo, está tratando de influir en las resoluciones judiciales.
Montoya sostuvo que los jueces deben hacer cumplir la ley que otorga amnistía a policías y militares que están siendo investigados por hechos ocurridos durante la lucha antisubversiva.
“La ley de amnistía debe cumplirse. Es una deuda que tiene la sociedad con los integrantes de sus Fuerzas Armadas que están siendo perseguidos hace 40 años”, indicó.
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El parlamentario recordó que en la actualidad existen más de mil casos de miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas que siguen siendo investigados por el Ministerio Público y procesados por el Poder Judicial.
Jorge Montoya añadió que, del total, unos 825 casos se encuentran en investigación preliminar hace 30 años.
“La investigación preliminar creo que dura unos 60 días, pero ellos están siendo investigados hace 30 años. ¿Responsable? La Fiscalía. Hay como 95 casos que están hoy en día en el Poder Judicial”, afirmó el parlamentario.
En otro momento, el congresista dijo estar de acuerdo con la denuncia hecha por el legislador Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) en contra del juez Richard Concepción Carhuancho ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por inaplicar la ley que precisa la aplicación y los alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana.
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