Jorge Montoya denuncia que marco legal impide a Fuerzas Armadas combatir crimen en Pataz
Congresista sostiene que despliegue militar responde a lógica populista.
El congresista Jorge Montoya, de la bancada Honor y Democracia, advirtió que el despliegue de las Fuerzas Armadas en Pataz podría resultar ineficaz debido a las limitaciones legales que restringen su accionar frente a organizaciones criminales.
“La Fuerza Armada no puede operar con las reglas de enfrentamiento actuales. En la práctica, no puede usar sus armas”, sostuvo el legislador, al considerar que el Gobierno actúa con una intención más simbólica que efectiva.
Como es público, la presidenta Dina Boluarte ordenó acciones para restablecer el control estatal en el distrito de Pataz, región La Libertad, donde un reciente ataque dejó trece personas asesinadas.
En respuesta al crimen, el Ejecutivo anunció un paquete de medidas extraordinarias que incluye el toque de queda en un plazo no mayor a 48 horas y la intervención directa del Ejército en labores de control territorial.
Además, la mandataria dispuso la instalación de una base militar en la provincia con el fin de garantizar una presencia operativa sostenida del Estado. “No cederemos ante el crimen ni la violencia”, afirmó Boluarte durante una reunión de emergencia en Palacio de Gobierno.
En paralelo, el Ejecutivo solicitará al Congreso facultades legislativas especiales para reforzar la lucha contra el llamado terrorismo urbano, figura con la que se busca encarar el accionar de bandas armadas en zonas mineras informales.
El propósito, según el Gobierno, es dotar a las autoridades de herramientas jurídicas más robustas que permitan frenar estos delitos con mayor efectividad.
También se ordenó la suspensión total de operaciones mineras por 30 días en Pataz, incluidas aquellas inscritas en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Esta medida busca facilitar el ingreso y asentamiento de las fuerzas del orden sin obstáculos logísticos.
Durante la sesión del Consejo de Seguridad, participaron los ministros de Justicia e Interior, Eduardo Arana y Julio Díaz, así como el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén. También acudieron el gobernador regional César Acuña, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, David Tejada, y el director general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria.
En ese espacio, representantes del Ejecutivo aclararon que actuaron desde que se reportaron los primeros indicios del secuestro, aunque la empresa afectada inicialmente negó tal situación. “Cuando se otorga una concesión minera, la seguridad en ese terreno privado recae sobre la empresa titular”, remarcaron.
Con este paquete de decisiones, el Gobierno pretende recuperar el control en una zona duramente golpeada por la violencia criminal. No obstante, voces críticas como la de Montoya insisten en que, sin modificar el marco normativo actual, las Fuerzas Armadas continuarán enfrentando serias limitaciones para actuar en el terreno.
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