Irregularidades en Metro de Lima y Chinchero no serán sancionadas
Decisión libraría de responsabilidad a más de 15 mil funcionarios y servidores públicos.
A través de un comunicado, la Contraloría cuestionó la sentencia del Tribunal Constitucional que, según dice, imposibilita el ejercicio de su facultad de sancionar administrativamente a los funcionarios y servidores públicos que incurren en inconducta funcional.
El contralor Nelson Shack dijo que el fallo del TC deja sin marco legal a este órgano y estaría librando de responsabilidad a más de 15 mil funcionarios y servidores públicos, a quienes se determinó responsabilidad administrativa y se encuentran en pleno proceso sancionador por la Contraloría General.
“La sentencia emitida por el TC modifica el ordenamiento jurídico afectando los esfuerzos desplegados por el Sistema Nacional de Control en la identificación y sanción a los malos funcionarios presuntamente responsables de haber incumplido sus funciones y/o afectado los intereses del Estado”, sostuvo.
Explicó que no solo se suspenderán los procedimientos en marcha y se desestabiliza el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS), lo más serio, dijo, es que las infracciones por las inconductas funcionales desaparecen. Según el fallo, solo se observarán los hechos irregulares, pero no podrán emitirse sanciones administrativas.
CASOS SIN SANCIÓN
Según Schack, a partir de la decisión del TC, quedarían en el aire el caso de las presuntas irregularidades cometidas por 10 funcionarios del MTC, MEF y Ositran en la etapa preoperativa del aeropuerto de Chinchero, que habría significado un perjuicio económico de US$ 40.6 millones.
Es el caso también del tramo 2 del Metro de Lima, en el que se detectó responsabilidad a 13 exfuncionarios de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, que habrían ocasionado un perjuicio económico por más de US$ 20 millones.
De igual modo, en el servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao S.A. (Eslimp Callao) de la Municipalidad del Callao, cuyo resultado de dos auditorías de cumplimiento evidenció pagos de servicios de recolección, transporte y disposición final de desmonte en el Callao que no se brindaron, entre otros.
Duro golpe
“Esta sentencia constituye un duro golpe en la lucha efectiva contra la corrupción que supone, en primer orden, apartar de la administración pública a los malos funcionarios, sobre quienes ya no se podrá efectivizar la sanción, dejando únicamente que los procesos penales y civiles se mantengan en la vía judicial”, refirió Schack.
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