Informe de Comisión de Fiscalización del Congreso revela favoritismo por apariencia física en contrataciones de funcionarias
Exjefe de la Oficina de Asesoría Legal y Constitucional contrataba trabajadoras que no cumplían requisitos para sus cargos.
La Comisión de Fiscalización determinó, en su informe de investigación sobre la presunta red de prostitución que habría operado en el Congreso, que, si bien no existió tal organización delictiva, sí se llevó a cabo la contratación de diversas funcionarias por sus cualidades físicas –llámese belleza– y no por sus capacidades para ejercer determinados cargos.
Así se constata en la página 44 del informe referido, donde se señala que la contratación de Andrea Vidal –extrabajadora del Parlamento asesinada en extrañas circunstancias cuando estaba a bordo de un taxi– fue producto de su cercanía con el exjefe de la Oficina de Asesoría Legal y Constitucional del Poder Legislativo, Jorge Torres Saravia.
Según detalla dicho informe, la contratación de Vidal, llevada a cabo en octubre de 2023, se realizó pese a que recién llevaba dos años de graduada como abogada.
“Según el Sr. Torres Saravia, reunía los requisitos mínimos del perfil, por lo que ingresó a laborar como abogada en la mencionada área, ganando la suma de S/ 7,000.00.
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Aparentemente, su contratación fue favorecida por su apariencia física. Resulta que Torres Saravia, como jefe de la Oficina Legal y Constitucional, es quien habría requerido la contratación de mayor número de personal femenino para dicha área, y que por propia declaración sostuvo que eran más de 15”, indica el documento.
Mismo patrón
De acuerdo con el informe de la Comisión de Fiscalización, este mismo criterio de contratación se habría utilizado para contratar a las exfuncionarias Isabel Cajo y Alexandra Gil, amigas de la fallecida Andrea Vidal.
Es así que el mismo Torres Saravia dispuso la contratación de Cajo como técnica en el Área de Administración de Bienes, el 5 de abril de 2022. Esto, pese a que la extrabajadora parlamentaria solo contaba con estudios básicos y recién iniciaba la carrera de Derecho. Sin embargo –señala la misma investigación– Isabel Cajo fue reubicada en la Oficina Legal y Constitucional gracias a una adenda sospechosa.
Lo mismo habría ocurrido con Alexandra Gil, también contratada en la misma oficina que tutelaba Jorge Torres Saravia, pese a que solo contaba con el grado de bachiller en Derecho. No obstante, carecía de la experiencia requerida para el cargo que desempeñaba. “Al igual que con Isabel Cajo Salvador, en su contratación habría primado su belleza física”, apunta el informe.
Por tales motivos, la Comisión de Fiscalización advirtió un patrón en las contrataciones referidas, en las que se priorizó la belleza física por sobre la capacidad profesional.
Delito penado
Si bien la Comisión de Fiscalización no halló indicios de la existencia de una supuesta red de prostitución en el Congreso, sí apuntó que se llevó a cabo “un festín de contrataciones” dentro de un contexto “sensual y sexista”, lo que implicaría la tipificación del delito contemplado en el artículo 381 del Código Penal, referido al nombramiento, designación, contratación, encargatura o aceptación ilegal de cargo.
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