“Hubo descoordinación en postura sobre pena de muerte” en Naciones Unidas, asegura jurista Domingo García Belaunde
Delegación peruana en ONU votó a favor de suspender pena de muerte, pese a pedidos de Boluarte para poner en debate medida.
El experto en materia constitucional, Domingo García Belaunde, sostuvo que el hecho de que la delegación peruana haya votado a favor de suspender la pena de muerte en la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas (ONU) evidenció una falta de coordinación entre la Cancillería y el Gobierno.
El hecho, ocurrido el pasado 16 de diciembre en la sede de la ONU en Nueva York, mostró una clara contradicción con el pedido de la presidenta Dina Boluarte, quien días atrás solicitó poner en debate la posibilidad de ampliar la pena capital para aquellos que cometan crímenes graves, como la violación a menores de edad, entre otros.
“Los diplomáticos que están en Naciones Unidas han actuado sin consultar con la Cancillería, o la Cancillería no les ha informado, que es peor. Hay una responsabilidad del canciller y de la presidenta”, indicó. “No es nada grave, pero no da una buena impresión”, añadió en conversación con EXPRESO.
En ese sentido, García Belaúnde apuntó que es un deber del Ministerio de Relaciones Exteriores mantener una comunicación continua con los equipos diplomáticos del Perú en el exterior.
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“La gente que está en el servicio exterior, sea en Naciones Unidas, sea en España o el Vaticano, está en contacto permanente vía cable, telegrama, zoom y qué sé yo, con lo que pasa en Lima. Si la gente de Nueva York en la Asamblea de Naciones Unidas ha actuado como ha actuado, es porque lo hicieron como les pareció y porque no recibieron ninguna instrucción de la Cancillería”, sostuvo.
No es el momento
Pese a que la mandataria Boluarte pidió debatir la ampliación de la aplicación de la pena de muerte, hoy solo aplicable para quienes sean considerados traidores a la patria, el jurista García Belaúnde consideró que no es el momento adecuado para esto.
“Habría que reformar la Constitución, por un lado, lo cual toma tiempo; y por otro, habría que presentar una denuncia ante la Corte Interamericana (de Derechos Humanos). Todo eso demora un par de años o más, no se trata de que se deroga hoy y se aplica mañana”, aseveró.
En esa misma línea, para el constitucionalista, la petición de la jefa de Estado respondió más a una necesidad de distraer a la opinión pública en medio de una serie de problemas y cuestionamientos que enfrenta su gestión en Palacio de Gobierno.
“Ha habido un error al plantearlo en este momento. Creo que es un distractor. Como hay tantos problemas, este es un problema más que distrae a la opinión pública, sin darse cuenta de que ya con lo que tenemos es bastante”, sentenció Domingo García Belaúnde.
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