Giovanni Forno rechaza declarar ante comisión por presuntas irregularidades en nuevo local del Congreso destinado a la bicameralidad
Oficial mayor del Congreso sostiene que solo debe rendir cuentas a la presidencia del Parlamento.
Giovanni Forno, oficial mayor del Congreso de la República, evitó presentarse ante la Comisión de Fiscalización que preside el congresista Juan Burgos, pese a ser convocado este miércoles para explicar detalles sobre las contrataciones recientes, la evaluación de currículos y el posible copamiento de plazas laborales por parte de una agrupación política dentro del Parlamento.
A través de un oficio, Forno alegó que solo rinde cuentas a la Presidencia del Congreso y no a otras instancias parlamentarias. Según su interpretación del reglamento interno, la Mesa Directiva asume la supervisión administrativa del Congreso, mientras que la responsabilidad de la oficialía mayor recae exclusivamente ante la presidencia. “La oficial mayor responde ante el presidente por la marcha y resultados de las dependencias y personal del servicio parlamentario”, indicó en el documento.
Sin embargo, la Comisión de Fiscalización cuestionó duramente su ausencia. El congresista Juan Burgos, titular del *mencionado* grupo, consideró que la negativa de Forno constituye una falta grave: “Advertimos una conducta negacionista y obstruccionista por parte de un funcionario que debería responder las dudas de la comisión. Llamamos la atención sobre su inasistencia, sobre todo porque esta comisión actúa en ejercicio de un mandato constitucional”, declaró.
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La citación formaba parte de las investigaciones relacionadas con la reciente contratación de más de 55 trabajadores bajo una nueva unidad ejecutora, con contratos vigentes hasta julio de 2026, la cual tendría a su cargo tareas vinculadas a la implementación del Congreso bicameral. Esta reorganización administrativa coincidió con la autorización de la compra del exlocal del Banco de Crédito del Perú (BCP), ubicado entre las calles Lampa y Huallaga, en el Centro de Lima, por US$13.5 millones.
“El edificio cumple con los requisitos técnicos para albergar al nuevo personal necesario para la bicameralidad”, señala el acta aprobada por mayoría en la sesión N.°25 de la Mesa Directiva, donde Patricia Juárez, de Fuerza Popular, votó en abstención. Además, se dispuso que la Contraloría General intervenga para garantizar la transparencia del proceso.
Pese a la magnitud de los cambios administrativos, el presidente de la Comisión de Fiscalización advirtió que aún persisten serias dudas sobre los criterios utilizados en las contrataciones. “Hemos solicitado los perfiles y justificaciones. No se puede avanzar sin conocer quiénes están detrás de este copamiento, que podría responder a intereses partidarios dentro del Congreso”, afirmó Burgos.
El legislador también lamentó que Forno haya desconocido las facultades fiscalizadoras de la comisión, y aseguró que insistirá en su comparecencia. “Vamos a exhortar que el señor Forno no continúe más en ese cargo si no está dispuesto a responder al país”, enfatizó.
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