Francisco Sagasti: Congreso le levanta el fuero y abre camino a posible proceso penal
Expresidente pierde protección legal. Fiscalía ya puede investigarlo por presunto abuso de autoridad en remoción de altos mandos policiales.
El Congreso de la República autorizó que el expresidente Francisco Sagasti pueda ser investigado penalmente por el presunto delito de abuso de autoridad, al declarar “haber lugar para la formación de causa penal” en su contra. La medida levanta su protección por antejuicio político y permite que el Ministerio Público inicie formalmente diligencias, si así lo considera.
La acusación se centra en supuestas irregularidades durante su gobierno interino, cuando se renovó de forma abrupta el alto mando de la Policía Nacional del Perú (PNP), poco después de la crisis política de noviembre de 2020. Según el Congreso, Sagasti habría firmado resoluciones supremas que ordenaron el pase al retiro de altos oficiales sin justificación suficiente y que rechazaron recursos de reconsideración de manera arbitraria.
“El Congreso de la República resuelve declarar haber lugar para la formación de causa penal contra el señor Francisco Rafael Sagasti Hochhausler, en su condición de expresidente del Congreso y ex jefe de Estado, por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad”, indica la Resolución Legislativa 010-2024-2025-CR, publicada de manera oficial.
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Con esta decisión, el expresidente ya no cuenta con el blindaje político-legal que impedía su procesamiento penal sin la venia del Parlamento. Ahora, será tarea del Ministerio Público determinar si hay méritos para formular cargos y llevarlo a juicio. El delito imputado está tipificado en el artículo 376 del Código Penal y puede acarrear penas de hasta tres años de prisión e inhabilitación.
Pese a esta decisión, el Pleno del Congreso no pudo inhabilitar a Sagasti del ejercicio de la función pública por 10 años. La moción alcanzó 60 votos, seis menos de los 66 requeridos.
La resolución también alcanza a los exministros del Interior, Rubén Vargas y José Elice, ambos implicados en la misma controversia, y al exministro de Defensa Walter Ayala, a quien se le imputa el presunto delito de patrocinio ilegal. Todos ellos quedaron habilitados para ser investigados penalmente por sus decisiones durante el breve mandato de transición entre noviembre de 2020 y julio de 2021.
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