Eliminarían a TUUA de la transferencia en el Aeropuerto Jorge Chávez: esto dice nuevo proyecto de ley
Legisladores cuestionan el impacto de tarifas temporales sobre el turismo.
El Congreso de la República del Perú recibió el Proyecto de Ley N.º 12582/2025-CR, que propone autorizar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a iniciar negociaciones con Lima Airport Partners (LAP), operador del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, para eliminar la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) en su modalidad de transferencia.
La propuesta legislativa surge tras la polémica desatada por el anuncio del cobro de una TUUA de transferencia internacional, que inicialmente se iba a aplicar desde el 26 de septiembre. Sin embargo, debido al rechazo generalizado, su entrada en vigencia fue postergada para octubre. La tarifa asciende a 12.67 dólares (incluido IGV).
El nuevo cobro afectaría a viajeros en tránsito que solo permanecen unas horas en el terminal aéreo, sin hacer uso pleno de los servicios del aeropuerto. Aunque LAP planeó aplicar la tarifa a vuelos nacionales en conexión, finalmente cedió ante las críticas. Ahora, la medida se aplicará únicamente a pasajeros en vuelos de conexión internacional.
El proyecto de ley facultará al MTC, encabezado por César Sandoval, a negociar con LAP en un plazo de 45 días hábiles desde la entrada en vigencia de la norma.
Las negociaciones deberán considerar la protección al consumidor y el impacto negativo de la tarifa en la competitividad. También deberán garantizar transparencia y equilibrio económico sin perjudicar a los usuarios.
El contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez fue otorgado por el Estado en febrero de 2001 por un período de 30 años. En 2016, el plazo se amplió por 10 años adicionales, alcanzando los 40 años de vigencia. Este contrato podría extenderse hasta un máximo de 60 años, según los términos acordados.
Lima Airport Partners, la empresa concesionaria, se formó originalmente con participación de Fraport AG (42.75%), Bechtel Enterprises (42.75%) y Cosapi (14.5%). La composición accionaria ha cambiado desde entonces, especialmente hacia fines de 2024.
Desde el Congreso y diversos gremios del sector turístico y aeronáutico, se exige al MTC una posición firme y transparente.
La negociación entre el Estado y la concesionaria podría marcar un precedente en la regulación de tarifas aeroportuarias en Latinoamérica.
Este proceso deberá combinar intereses contractuales, respeto a los compromisos de inversión y justicia tarifaria. Las decisiones que se tomen impactarán directamente en la experiencia de los pasajeros nacionales e internacionales
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