El cuento de la entrega transitoria de lotes de hidrocarburos a Petroperú
MINEM y Perupetro anunciaron medida que sería permanente para garantizar una renta petrolera sin responsabilidades.
El ala estatista del gobierno ha salido triunfante ante la efímera protesta empresarial por la entrega directa de tres lotes petroleros productores en la región Piura a Petroperú (PP) y por el pedido de apoyo financiero de la petrolera estatal a la caja fiscal que empezó en el 2017 y se hizo en dos oportunidades en el 2022 y esta vez se va por su cuarta temporada.
El artífice de la corriente del estatismo es el titular del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Óscar Vera, teniendo como obedientes operadores a los miembros del directorio de Perupetro y como voceros a directores de PP, con sus respectivas cajas de resonancia mediática.
Antes de tratar los temas de fondo es bueno recordar que muchos de los que hoy son críticos severos de la caída de producción en manos privadas, fueron entusiastas funcionarios del MINEM en la década privatizadora del fujimorismo.
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Propuesta de entrega de lotes es una burla
Ante las críticas lanzadas por Confiep, Comex y la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y Energía (SNMPE), por la entrega de lotes a PP sin concurso, la dupla MINEMPERUPETRO anunció que al término de los contratos, en el presente mes de octubre y el próximo noviembre, se les cederá transitoriamente a PP hasta que se realice un concurso para otorgarlos a largo plazo.
La experiencia señala que lo transitorio se convierte en permanente, es el caso de la concesión de distribución de gas natural (GN) en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna, que fue abandonada por la española Naturgy, y se le entregó a PP como encargo (DS-029-2020-EM) por 3 años, que vencen el próximo 4 de diciembre. Desde el Estado no se ha hecho el mínimo esfuerzo de buscar un concesionario nuevo y estamos próximos a la renovación de la supuesta encargatura temporal.
Si de necesitar tiempo para organizar un concurso se trata, un plazo razonable sería 6 meses, que ya se practicó en los años 2007, 2008 y 2010 en el propio Perupetro. En este contexto, lo correcto hubiese sido prorrogar los contratos con los operadores actuales hasta que finalizara el proceso de competencia a convocar.
Los antecedentes no les otorga el beneficio de la credibilidad que harán una convocatoria en plazo corto, lo más seguro que es se tomen mucho más tiempo del debido. Los gremios empresariales extrañamente no han emitido opinión alguna sobre la tozudez gubernamental.
Las interrogantes en la entrega de lotes
La premisa es que, al ser encargo transitorio, no habrá compromisos de inversión, es decir no habrá trabajos de adecuación de pozos (poner productivos pozos abandonados temporalmente), ni de perforar pozos de desarrollo (perforar pozos en áreas con reservas probadas) y menos de pozos exploratorios. Mientras esta situación se alargue, la magra producción existente seguirá declinante.
Más allá de la no exigencia de inversiones ya citada por Perupetro, se supone que las condiciones económicas actuales permanecerán inalterables, esto significa que en el Lote I, la regalía será de 20%; que en el lote VI permanezca en 34.7% y en el lote Z-69 se continúe con un contrato de servicios donde el contratista (PP tendrá que tomar alguno porque es un trabajo especializado en el mar) percibe el 16% de la producción. Estas condiciones que tienen razonabilidad, no hay ninguna seguridad que las mantengan.
Lo que obtendría Petroperú en una operación temporal
Ya se ha manifestado desde el aparato gubernamental del sector que van a aprovechar a favor de PP la denominada renta petrolera, es decir la diferencia entre el precio al que se podría vender el petróleo extraído y los costos en que se incurren (regalías y costos operativos).
Actualmente los operadores de los lotes fijan su precio de venta en base a una variedad de crudos similares al producido (se denomina canasta), que en el caso de lotes I y VI, equivalen al 98% del precio internacional del crudo WTI (petróleo en la costa americana del Golfo de México), mientras que en el caso del lote Z-69 se reconoce 4% por encima del WTI.
La producción actual del lote I, es de 500 barriles diarios (BD), con un margen neto mensual de 340 mil dólares. En el lote VI se produce 2.8 miles de barriles diarios (MBD), se espera un margen neto mensual de 1.3 millones de dólares (MMUS$) y en el Z-69 se tienen 5.3 MBD, del que se obtendría 3.0 MMUS$ al mes como margen neto.
En conclusión, al cierre del 2023, PP obtendría por estas operaciones ingresos del orden de 6.3 MMUS$. Si respetasen los 6 meses necesarios para el concurso citado, a fines de abril los lotes I y VI podrían estar en manos de un tercero, y a fines de mayo podría ocurrir lo mismo con el lote Z-69. En esas condiciones, el máximo ingreso neto que tendrían en PP para el 2024 llegaría a 21.2 MMUS$.
La cifra es ínfima para una empresa que tiene ingresos anuales del orden de 4,000 MMUS$ y obligaciones de deuda de 369 MMUS$ cada año, además de tener que provisionar para que en junio del 2032 tenga que honrar 1,000 MMUS$ de la primera serie de bonos emitidos en el 2017. Es más que evidente que estas cantidades no pueden significar un aliciente para generar una disminución de precio de los combustibles, como se viene sosteniendo demagógicamente.
No se sabe si el MEF apoyará con créditos a Petroperú
Finalmente, la otra variable que originó la breve protesta empresarial fue el apoyo solicitado por PP al MEF de capitalizar 750 MMUS$ de un préstamo recibido del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en mayo del año pasado y que se haga un aumento de capital de 1,467 MMUS$ (5,573 MMS/.). La respuesta del premier Alberto Otárola y del titular del MEF, Alex Contreras, fue que no les darían la ayuda solicitada.
Ha pasado desapercibido que en la petición al MEF se incluía dos conceptos más: la renovación de una línea de crédito hasta el 2025 por 500 MMS/. mediante notas de cancelación para pagos de impuestos a la importación y una garantía del Estado por 1,000 MMUS$, para que el Banco de la Nación les otorgue una línea de crédito de importaciones.
En PP no son conscientes del manejo de las cuentas públicas, existe normativa sobre las garantías (artículo 5 del DL 1437) que establece que se cargan al presupuesto del MEF en el rubro servicio de la deuda. De otro lado, el monto de 1,000 MMUS$ es exagerado, teniendo en cuenta las importaciones de petróleo (crudo Napo de Ecuador) y biodiésel para mezclar con el diésel que producirán en Talara; necesitan para cada 60 días, la suma de 360 MMUS$.
Ninguna coherencia para el uso eficiente de los recursos del Estado que son escasos y las carencias muchas.
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