Eduardo Salhuana defiende compra estatal de oro a mineros en “proceso de formalización”
Mientras algunos congresistas apoyan la compra de oro por parte del Estado, sectores mineros y económicos advierten sobre los riesgos de legalizar metal de dudosa procedencia.
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, respaldó su propuesta legislativa para que el Estado adquiera oro a mineros en proceso de formalización.
Según el parlamentario, la iniciativa busca que el Banco de la Nación compre directamente el metal precioso a quienes cumplen con las normativas vigentes, evitando así que el oro termine en el mercado negro.
"La idea en cuanto a mi proyecto de ley es que se compre el oro a los mineros en proceso de formalización, es decir, aquellos que están legalmente autorizados a realizar operaciones auríferas, no al sector ilegal. A este último hay que tratarlo como señala el Código Penal y las leyes del país", afirmó Salhuana.
El debate en torno a esta propuesta causó preocupaciones en diversos sectores. Informes revelados por un medio escrito indican que grupos vinculados a la minería informal buscan que la nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) permita al Banco de la Nación adquirir oro sin cuestionar su procedencia, lo que facilitaría la inserción de minerales de origen ilegal en el sistema financiero.
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La Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) impulsa esta estrategia y presentó exigencias que incluyen la compra estatal de oro, la permanencia indefinida del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y la flexibilización de normativas sobre el uso de explosivos.
Vale indicar que el congresista Jorge Montoya, de Honor y Democracia, también presentó un proyecto de ley con el mismo objetivo. Según su argumentación, permitir la venta de oro al Banco de la Nación ayudaría a frenar el comercio clandestino y el contrabando hacia Bolivia. Sin embargo, especialistas advierten que esta medida podría abrir las puertas a un blanqueo masivo de los aproximadamente US$ 6,000 millones que genera anualmente la minería informal en Perú.
Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), alertó sobre los riesgos de legalizar oro de origen dudoso. "El problema no es quién lo compra, sino cuál es su origen. Si el Estado no garantiza que el oro proviene de fuentes legítimas, esta propuesta solo facilitará el lavado de dinero de la minería ilegal", advirtió.
La directora ejecutiva de la SNMPE, Ángela Grossheim, también criticó la propuesta y recordó que los procesos de formalización fracasaron durante más de dos décadas. "No se ha logrado un sistema efectivo de control. Vivir permanentemente en un proceso de formalización no es viable", sostuvo.
El debate en el Congreso sigue abierto, mientras sectores políticos y económicos analizan los efectos de estas iniciativas. Si se aprueban sin mecanismos de control adecuados, advierten los expertos, el Estado podría terminar avalando la comercialización de oro proveniente de actividades ilegales.
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