Economías ilegales financiarían campañas en Elecciones 2026, advierte analista Pedro Yaranga
Actividad ilícita en el país podría costear a organizaciones de corte radical en próximos comicios, sostiene especialista.
En el último período legislativo no se llegó a un consenso en el Congreso para aprobar la Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal, o Ley MAPE, que tiene como objetivo la formalización de la minería artesanal –o ancestral– y la pequeña minería, frente a la creciente actividad minera ilegal que se propaga en el país.
En ese sentido, se ha advertido que este tipo de actividades ilegales se estarían preparando para financiar directa o indirectamente algunas campañas presidenciales en las próximas elecciones, con el objetivo de lograr presencia política y “poder” en el aparato estatal.
Así también lo apuntó el especialista en seguridad, Pedro Yaranga, quien alertó que la economía ilegal podría escabullirse en algunas propuestas electorales de tendencia radical. Por tal motivo, fue enfático al instar al Parlamento a priorizar, en la próxima legislatura, propuestas como la de la Ley Mape.
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“Ellos les encanta el desorden. Cuanto más desorden, ellos (economía ilegal) se benefician y empiezan a copar diferentes estratos de la sociedad. Tener una representación (política) para ellos es abrir caminos: tener alcaldes, tener gobernadores, infiltrarse en la Policía.
Eso es lo que quieren: infiltrarse en la Fiscalía y el Poder Judicial para ver casos; y, obviamente, si tienen representantes en el Congreso de la República, eso les facilita muchísimo”, sostuvo Yaranga en diálogo con EXPRESO.
Seguimiento
En esa línea, Pedro Yaranga también apuntó que, frente a la expansión que ya puede observarse de la actividad ilegal, el Estado debe emprender un seguimiento más minucioso respecto al financiamiento que existe en los partidos políticos, así como atender las deficiencias y necesidades de la Policía Nacional, y deponer las diferencias actualmente existentes entre el Gobierno y los órganos del sistema de justicia, como el Ministerio Público y el Poder Judicial.
“En el camino, lo que el Ejecutivo debe hacer es preocuparse de resolver el problema de la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Esos tres sistemas deben articularse”, señaló.
El experto también propuso que, en el marco de las elecciones, se instale una fiscalía especializada por cada departamento del país en temas electorales.
“Entonces, los casos en que la Policía o el ente rector de las elecciones descubra (financiamiento de la economía ilegal), esa fiscalía inmediatamente debe actuar, porque actualmente, a veces se denuncian casos, se ponen multas, pero nadie cumple eso”, sentenció.
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