Dina Boluarte: subcomisión archiva denuncias constitucionales por genocidio y falsedad ideológica
Pero aun pesa sobre mandataria denuncia por caso Rolex presentada por fiscal de la Nación interino.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó dos denuncias presentadas contra la presidenta Dina Boluarte, que incluían acusaciones de genocidio y falsedad ideológica y genérica, por mayoría de votos.
La primera, Denuncia Constitucional 360, fue presentada por Ciro Silva Paredes. En esta se acusaba a Boluarte de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, considerados de lesa humanidad, según el artículo 319 del Código Penal. La subcomisión decidió archivar esta denuncia con 8 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.
La segunda denuncia, la Denuncia Constitucional 423, fue interpuesta por Alfredo Arroyo Morales. Las acusaciones incluían los delitos de falsedad ideológica y falsedad genérica, definidos en los artículos 428 y 438 del Código Penal.
Además, mencionaba delitos de “estafa política” y “falso testimonio en el ámbito político representativo”, que no están contemplados en el marco jurídico actual. La subcomisión también desestimó esta denuncia con 9 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención.
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El lunes anterior, la Fiscalía de la Nación, bajo la dirección interina de Juan Carlos Villena, presentó una nueva denuncia constitucional contra Boluarte. En esta se le acusa de ser la presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado, relacionado con el caso de los relojes Rolex.
Según el comunicado de la Fiscalía, Boluarte habría recibido tres relojes Rolex, aretes de oro y una pulsera del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, como parte de un soborno para favorecer a su gobierno mediante decretos y normas emitidas por el Poder Ejecutivo.
Además, dos congresistas de la bancada Cambio Democrático - Juntos por el Perú presentaron una denuncia adicional contra Boluarte este mismo martes.
La acusación se basa en la supuesta ausencia de la mandataria durante 12 días para someterse a una cirugía estética de embellecimiento sin notificar al Parlamento.
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