Dina Boluarte bajo presión: desde Congreso presentan ocho proyectos para frenar su aumento de sueldo
Legisladores advierten de desaprobación ciudadana frente a decisión.
El Congreso de la República recibió ocho proyectos de ley que buscan dejar sin efecto el reciente incremento de más del 100 % en la remuneración mensual de la presidenta Dina Boluarte, quien oficializó la medida mediante un decreto supremo junto al titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes. Esta decisión elevó su salario de S/ 15,600 a S/ 35,568, lo que causó un rechazo transversal en diversas bancadas parlamentarias.
Legisladores de la Bancada Socialista, el Bloque Democrático Popular, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo y una parlamentaria no agrupada promovieron estas propuestas. En primer lugar, Silvana Robles denunció que el aumento vulnera la Ley N.° 28212, que limita el salario presidencial a 10 Unidades Remunerativas del Sector Público (URSP), lo que equivale a S/ 26,000 para el año 2025. En ese sentido, advirtió que el decreto infringe la normativa vigente y optó por el camino legislativo ante la lentitud de una acción popular judicial.
Por su parte, Sigrid Bazán consideró que el incremento representa un “despropósito” frente a la crisis económica y el descrédito del Ejecutivo. Respaldó su argumento con cifras del INEI, según las cuales el 27.6 % de la población vive en pobreza monetaria. A su juicio, “no se puede entender” cómo la mandataria optó por un aumento que equivale a 36 veces el salario mínimo.
Desde la misma bancada, Édgard Reymundo afirmó que la medida contradice la Ley N.° 28212 y criticó su inconstitucionalidad. “No guarda correlación con las funciones que ha venido ejerciendo”, declaró. Asimismo, desmintió la versión del Ejecutivo sobre la autoría del informe técnico, al señalar que fue solicitado por Gustavo Adrianzén, y no por Servir, como se intentó argumentar.
A su turno, el parlamentario socialista Jaime Quito cuestionó el sustento legal del decreto, ya que —según dijo— este se ampara erróneamente en la Ley del Servicio Civil, a pesar de que el jefe de Estado no está comprendido en ese régimen. Añadió que la única vía válida para modificar su retribución es mediante ley y no por disposición ejecutiva.
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Guillermo Bermejo también se sumó al rechazo y calificó el alza como “ilegal e inconstitucional”, lo cual —sostuvo— compromete la responsabilidad de todos los ministros que refrendaron el decreto. En la misma línea, Alfredo Pariona propuso que el salario presidencial no supere los S/ 15,600. “Es una ofensa al pueblo peruano”, enfatizó.
Por otro lado, Elías Varas y Margot Palacios defendieron la necesidad de derogar la norma bajo los mismos argumentos: el nuevo salario excede el tope legal de las URSP y contraviene la Ley N.° 28212. Palacios señaló, además, que la presidenta no puede ser premiada con este incremento considerando su baja aprobación y cuestionada gestión.
Desde la Comisión de Fiscalización del Congreso, los legisladores también aprobaron por unanimidad citar a Boluarte al Pleno y presentar una moción de interpelación contra el primer ministro Eduardo Arana y el ministro de Economía. El presidente de esa comisión, Juan Burgos, afirmó: “No se está burlando del Congreso, se está burlando del Perú”.
La congresista Ruth Luque, cuya bancada promovió dos de las iniciativas legislativas, declaró que el aumento “evidencia el descaro absoluto” de la presidenta. En diálogo con Radioprogramas, sostuvo que “no estamos ante una evidencia técnica, sino ante una evidencia inmoral y antiética”.
Además, denunció falta de transparencia por parte del Ejecutivo en la gestión de la medida. “Se ha querido mantener en siete llaves esta decisión”, acusó.
Luque también explicó que, debido al receso parlamentario, las iniciativas podrán debatirse en la Comisión Permanente. Aseguró que la mayoría de bancadas apoya la derogación, con excepción de Fuerza Popular y APP, a quienes identificó como afines al oficialismo. Sin embargo, expresó dudas sobre si todos los congresistas mantendrán su postura cuando llegue el momento de la votación en el Pleno.
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