Contraloría General de la República en silencio cómplice: Poder Legislativo convertido en agencia de empleos de APP

Pareciera que los legisladores ignoran olímpicamente el Reglamento del Congreso de la República o se zurran en él; el artículo primero es clarísimo: “El presente Reglamento tiene fuerza de ley. Precisa las funciones del Congreso y de la Comisión Permanente, define su organización y funcionamiento, establece los derechos y deberes de los Congresistas y regula los procedimientos parlamentarios”. (Salvo de los Padres de la Patria y los asesores carezcan de comprensión lectora).

Los congresistas tienen la obligación, según el artículo 23, inciso b) “De cumplir y hacer cumplir la Constitución Política y las leyes del Perú, así como respetar el presente Reglamento del Congreso”, cosa que por lo visto ignoran adrede.

El artículo 26 sobre la “Estructura Orgánica del Congreso”, se sostiene que: “…se distinguirá entre el ámbito de organización y trabajo de los congresistas que se denominará organización parlamentaria y el de los órganos de asesoría y apoyo administrativo que se denominará servicio parlamentario; pero el inciso b) se refiere al recién creado “Centro de Modalidades Formativas del Congreso de la República, el mismo que se rige por su Estatuto aprobado por la Mesa Directiva,” que contempla clases de modalidades formativas de servicios:

prácticas preprofesionales y profesionales, exclusiva a estudiantes y egresados, pertenecientes al tercio superior, de carreras profesionales necesariamente indispensables para el buen funcionamiento del Congreso”.

El servicio parlamentario del Congreso cuenta con la organización que reconoce el Estatuto del Servicio Parlamentario, el mismo en el que se define los órganos, competencias y titulares de la estructura orgánica, así como los términos, condiciones y límites del régimen y la relación laboral del personal y de los cuerpos especializados que atienden y apoyan las funciones parlamentarias de la representación nacional”, al amparo del Artículo 28 del Reglamento Legislativo.

El presidente del Congreso tiene entre sus funciones y atribuciones (Artículo 32), inciso c) “Cumplir el ordenamiento jurídico de la Nación y este Reglamento” y la Mesa Directiva de acuerdo con el Artículo 33 “…tiene a su cargo la dirección administrativa del Congreso…” y “Acuerda el nombramiento de los funcionarios de más alto nivel del Congreso a propuesta del Oficial Mayor (?), dando cuenta al Consejo Directivo.

También autoriza la contratación de servicios y la realización de concursos y el nombramiento y contrato de los profesionales,

técnicos y auxiliares que se requieran para el normal desarrollo de las actividades parlamentarias”.

Según reza el artículo 40 (párrafo segundo) “El Oficial Mayor tiene la representación legal de la administración, es jefe de todo el personal y cuenta con competencia disciplinaria. Por delegación del presidente y con cargo a dar cuenta puede celebrar los contratos necesarios para garantizar el normal funcionamiento del Congreso y del servicio parlamentario”.

El Estatuto del Servicio Parlamentario, contempla en su artículo 41 que “…el mismo que enmarca el desarrollo de la carrera, rige los derechos y responsabilidades propios del desempeño y permanencia en el Congreso, y en el que se establece la estructura orgánica y atribuciones de la administración” y agrega que: “…tiene por finalidad permitir la incorporación de personal idóneo, garantizar su estabilidad y progresión regular en la carrera, facilitar su desarrollo, y promover su realización personal en el desempeño de las responsabilidades que le corresponde cumplir al servicio parlamentario”.

Sin embargo, el Parlamento se ha convertido en una agencia de empleos, de Alianza para el Progreso y la Contraloría General de la República ni enterada, se hace una poda y la mitad de trabajadores están lijados al partido del “plata como cancha” o mejor dicho “chamba como cancha para mis fans”, toda una vergüenza monumental.