Congreso se blinda ante justicia: ¿inmunidad o impunidad? [ANÁLISIS]
Legisladores aprueban su escudo legal mientras el 88% de la población los desaprueba.
Me refiero a la propuesta legislativa aprobada por mayoría en la Comisión de Constitución y Reglamento que modifica el artículo 93 de la Constitución Política del Perú, restableciendo la inmunidad parlamentaria para senadores y diputados, argumentando un marco legal que se supone debe garantizar la independencia de los legisladores para que no sean objeto de ninguna presión política u otro tipo de intimidación que pueda interferir en sus labores funcionales.
Asimismo, se ha incorporado una regla excepcional para casos de delito común en estado de flagrancia, donde, en el caso que se diera, el parlamentario en cuestión deberá ser puesto a disposición de su respectiva cámara o de la Comisión Permanente en un plazo máximo de 24 horas, para que autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento.
De no emitirse pronunciamiento dentro de los plazos señalados, se aplicará el silencio positivo, y el congresista será puesto a disposición de la Corte Suprema de Justicia, que decidirá si corresponde o no iniciar el proceso penal y proceder al desafuero correspondiente, poniéndolos a disposición del juez competente.
Se han introducido algunas precisiones, como aquella que aclara que la inmunidad no se aplica para delitos cometidos antes de la elección, e igual se reemplaza el término “procesados” por “procesados penalmente”, a fin de delimitar claramente el alcance de esta prerrogativa.
Inmunidad o abuso
En teoría, la inmunidad parlamentaria no es un privilegio personal de los congresistas (más adelante diputados y senadores), sino una garantía para que puedan ejercer libremente su mandato sin estar expuestos a una persecución política o cualquier otro acto arbitrario e inoportuno que entorpezca su labor.
Es una garantía que responde a la independencia del parlamentario y a la relevancia que debe tener un poder del Estado de tanta importancia y trascendencia.
Sin embargo, el tema no es la protección o el amparo del parlamentario conforme a los fines expuestos, sino que implica en la práctica y en el trasfondo un estatus de esta naturaleza para un poder del Estado tan venido a menos en los últimos años.
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Hablamos de congresistas en actividad que se encuentran denunciados, investigados y hasta acusados de una serie de delitos graves, que ponen en tela de juicio una prerrogativa de estas características y la misma idoneidad en el ejercicio del cargo.
Una labor de representación que en muchos casos no se encuentra a la altura de las necesidades, y que, por el contrario, es objeto de críticas y reproches por parte de la población, que percibe a un poder del Estado de espaldas a la realidad y a las necesidades de los ciudadanos.
Estatus excepcional
Se trata de un estatus único que, en la práctica, más allá de los dichos y enunciados, excluye a un parlamentario frente a cualquier contingencia, incluso las relacionadas con una función pública íntegra y de primer nivel que corresponde a todos y cada uno de los parlamentarios elegidos por el voto popular mayoritario.
Hablo de una labor funcional que requiere ser ejemplar y digna al estar catalogada como de primer nivel, la misma que, en lugar de autorregularse para mejorar su funcionalidad, operatividad y transparencia ante la opinión pública, por el contrario, recurre a iniciativas reiterativas y hasta interesadas que poco o en nada ayudan en mejorar la imagen y funcionalidad de una entidad fundamental que es objeto de una serie de críticas y serios cuestionamientos por su pobre rendimiento.
La desaprobación de la labor parlamentaria es una constante que ha ido en aumento en nuestro medio en los últimos años.
Desaprobación parlamentaria
Las encuestas sobre la labor parlamentaria cada vez muestran un mayor nivel de desaprobación y descontento respecto a las acciones y decisiones que provienen de una mayoría parlamentaria, tanto internas como externas.
Entre las causas principales de la desaprobación imperante se encuentran los constantes escándalos de corrupción que erosionan su frágil credibilidad ante la opinión pública, sus decisiones políticas —muchas de ellas controvertidas, desacertadas y que incluso son consideradas o percibidas como dañinas para la población—, o porque no representan los intereses de las grandes mayorías, o porque son sectarias y están más orientadas a favorecerse a ellos mismos y a los partidos que representan.
También influyen la falta de transparencia y rendición de cuentas, los constantes conflictos internos y la falta de consenso, y la polarización política en su interior, que se refleja en la incapacidad de alcanzar acuerdos para revertir la imagen negativa de una institución que es clave para el desarrollo y la democracia.
Se trata, en última instancia, del deterioro de la democracia plena, resultado de la desconfianza, del aumento de la polarización política frente al consenso, de la inestabilidad creciente, de las dificultades para implementar políticas públicas de urgente y prioritaria necesidad.
Un Congreso que pierde legitimidad es de efectos impredecibles. No sin razón, según recientes encuestas, el 88 % de la población desaprueba la labor congresal.
“Padres de la patria”
Hago referencia a un refrán o a un proverbio muy conocido que, en una medida importante, resume todo lo dicho. Refiere una denominación popular que simboliza a los que son congresistas en nuestro medio, aunque a la misma vez no hace otra cosa que mostrar las agudas contradicciones que pueden existir entre la labor parlamentaria y las aspiraciones populares.
Hablamos de todo lo contrario o al revés: una realidad descarnada que plantea todo al reverso, una inseguridad y ausencia de credibilidad que se trasluce entre lo que se dice, lo que se preconiza, lo que se promete y lo que se termina haciendo.
Un conglomerado congresal venido a menos y que, por el contrario, genera una sensación de inseguridad, inestabilidad, desasosiego y poco o nulo apego a los principios que rigen no solo a la propia Constitución Política, sino al Estado de derecho y la propia democracia.
Un parlamento mayoritario que, pareciera, está más interesado en sus propios proyectos partidarios que en satisfacer las aspiraciones de las grandes mayorías, que son las que verdaderamente, y en última instancia, claman por una democracia transparente.
Inferencia e impunidad
Me refiero a una dispensa parlamentaria de contenido funcional, reiterativa, excluyente y hasta poco docta, no porque no existan los mecanismos y procedimientos necesarios y apropiados para defender al parlamentarismo ante cualquier arremetida externa que pueda perseguir finalidades políticas y ausentes de legalidad, sino porque son los mismos congresales los que, con este empuje, lo que en realidad esconden y persiguen detrás de todo este barullo, es que la inmunidad parlamentaria —bajo cualquier pretexto o argumento, aun cuando poco o nada sea creíble como el común de la población lo entiende— se asegure de manera más que convincente, para que termine convirtiéndose en un caso parlamentario más de impunidad.
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