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Congreso pone en la mira el transporte ilegal de minerales: ¿qué propone el nuevo proyecto de ley?

Plataforma digital permitiría seguir la ruta del mineral hasta su destino.

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Congreso pone en la mira el transporte ilegal de minerales: ¿qué propone el nuevo proyecto de ley?
Fecha Publicación: 08/10/2025 - 07:32
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El Congreso de la República se alista a debatir el Proyecto de Ley N.° 12685/2025-CR, una iniciativa legislativa que propone establecer la obligatoriedad del uso de sistemas de geolocalización (GPS) en el transporte de oro y otros minerales.

La iniciativa plantea el uso obligatorio de GPS, en tiempo real, a los vehículos que trasladan oro y otros minerales concentrados a lo largo del territorio nacional.

La Comisión de Energía y Minas, presidida por el congresista Víctor Cutipa, ya incluyó esta propuesta en su agenda.

El proyecto busca enfrentar una problemática que ha desbordado las capacidades del Estado: la falta de trazabilidad en la cadena logística minera, situación que ha favorecido el avance de la minería ilegal, el lavado de activos y la evasión tributaria.

La iniciativa no solo exige el monitoreo permanente de los trayectos, sino también la creación de una Plataforma Nacional de Trazabilidad Minera, que centralice y procese la información recopilada por los sistemas GPS instalados en los vehículos.

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Asimismo, la plataforma, bajo la administración del Ministerio de Energía y Minas (Minem), operará en coordinación con entidades clave como la Sunat, Sucamec y el Ministerio Público.

“El objetivo es garantizar un seguimiento integral del mineral, desde su origen hasta su destino final”, indica la exposición de motivos del proyecto.

Los sistemas de geolocalización deberán registrar rutas, tiempos de tránsito, desvíos no autorizados y paradas, todo ello compatible con la plataforma que manejará el Minem.

Congreso: paso clave

Además de facilitar la fiscalización, esta herramienta tecnológica permitirá a las instituciones competentes intercambiar datos en tiempo real, identificar irregularidades y prevenir el desvío de recursos hacia circuitos ilegales.

Desde el Congreso, los promotores de la ley consideran que esta medida representa un paso decisivo hacia una fiscalización más rigurosa.

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