Congreso inhabilita por 10 años a Víctor Zamora por compras de pruebas rápidas: todos los detalles
Medida incluye levantar su fuero político para investigaciones fiscales.
El Congreso de la República aprobó, con 68 votos a favor, la inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos de Víctor Zamora, exministro de Salud durante el gobierno de Martín Vizcarra.
La medida se adoptó tras determinarse su responsabilidad en las compras irregulares de 1.4 millones de pruebas rápidas y el desabastecimiento de oxígeno medicinal durante la pandemia de COVID-19.
La denuncia constitucional contra Víctor Zamora fue presentada por el congresista Alejandro Muñante, quien acusó al exministro de haber actuado con indolencia al permitir adquisiciones contrarias a la política nacional de salud.
“Hay graves indicios de delitos contra la administración pública. Los altos funcionarios no deben quedar en la impunidad por las decisiones que costaron vidas”, sostuvo el legislador.
El informe final, respaldado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente, concluyó que Víctor Zamora incumplió su deber de supervisar la ejecución del Decreto de Urgencia 028-2020.
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Según Jorge Montoya, ponente del documento, el exministro avaló irregularidades administrativas que posibilitaron las compras cuestionadas y contribuyeron a la falta de oxígeno medicinal, factores críticos durante la crisis sanitaria.
Víctor Zamora, en su defensa ante el pleno, rechazó las acusaciones, calificándolas de infundadas y de un intento por desviar la atención pública. “Esto es un juicio político sin pruebas que busca dañar la labor de quienes enfrentamos la pandemia”, afirmó, agregando que la medida pretende “silenciar voces incómodas”.
El debate, inicialmente programado para el 5 de noviembre, fue postergado debido a una licencia médica solicitada por Zamora. Finalmente, el Pleno decidió no solo sancionarlo con la inhabilitación, sino también levantarle el fuero político para que el Ministerio Público investigue el caso.
El proceso marca un precedente en la evaluación de la gestión pública durante la pandemia, reafirmando la responsabilidad de los altos funcionarios en la toma de decisiones trascendentales para el Perú.
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