Congreso impulsa ley que ordena trabajo obligatorio en cárceles del Perú
Propuesta legislativa pretende enfrentar la sobrepoblación carcelaria y la reincidencia delictiva con nuevas reglas de disciplina laboral.
El congresista Guido Bellido, integrante de la bancada Podemos Perú, presentó en el Congreso un proyecto de ley que busca transformar el actual marco normativo del sistema penitenciario peruano.
La iniciativa plantea que el trabajo en las cárceles deje de ser voluntario y pase a ser obligatorio, con el objetivo de fortalecer la rehabilitación de los internos y reducir la presión sobre un sistema carcelario en crisis.
En la actualidad, el artículo 73 del Código de Ejecución Penal establece que los reclusos pueden trabajar de manera voluntaria.
No obstante, la propuesta de Bellido modificaría esa disposición para convertir el trabajo en una obligación legal.
Trabajo como disciplina en las cárceles
“El trabajo permitirá a los internos adquirir disciplina laboral, aportar a su proceso de rehabilitación y contribuir al financiamiento de su propia estadía”, argumentó el parlamentario al sustentar su proyecto.
El documento legislativo detalla que los internos deberán desarrollar actividades productivas, de servicios o de apoyo comunitario.
La medida, según la propuesta, se ejecutaría bajo normas claras que garanticen condiciones adecuadas y el respeto a la dignidad humana.
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Aquellos que se nieguen a cumplir con la obligación enfrentarían sanciones disciplinarias graves, lo que marcaría un cambio sustancial en la dinámica penitenciaria.
Bellido justificó la iniciativa en la crítica situación de los penales del Perú, caracterizada por el hacinamiento, la reincidencia delictiva y la falta de programas sólidos de reinserción.
Además, citó como referencia a países como Brasil, China, Rusia y Vietnam, que adoptaron el trabajo obligatorio como parte central de sus políticas de rehabilitación carcelaria.
Medida apunta a reducir la reincidencia delictiva
El proyecto también propone modificaciones constitucionales para reforzar el deber del Estado de promover políticas penitenciarias sostenibles y centradas en la reincorporación social y económica de los reos.
Un análisis costo-beneficio incluido en la propuesta sostiene que la medida ayudaría a reducir la reincidencia, aliviar el hacinamiento y producir ingresos para financiar parcialmente el sistema penitenciario.
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