Congreso: Fracasa contrabando ideológico y dejan fuera a ONG en temas ambientales
Comisión de Justicia no aceptó que dinero del extranjero se use para demandar al Estado.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, que preside el parlamentario Isaac Mita (Perú Libre), rechazó incluir a los Organismos No Gubernamentales (ONG) en el dictamen que establece el marco normativo para la protección de las personas defensoras de derechos ambientales.
La exclusión del tema que recae en los proyectos de Ley N.° 2069/2021-PE y 4686/2022-CR, presentados por el Poder Ejecutivo y por la congresista María Taipe Coronado, respectivamente, se hizo señalando que se hubiera camuflado a personas financiadas desde el extranjero que promueven el aborto y la agenda LGBTIQ+.
Cooperación internacional
Según indicó el parlamentario Alejandro Muñante (Renovación Popular), el texto original “fue desvirtuado en las comisiones de Justicia y de Pueblos Andinos, al introducir una definición ambiguamente ideologizada” sobre los defensores de derechos humanos.
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“Es importante recordar que, bajo ese rótulo, se han promovido pseudoderechos como el aborto y la ideología de género, amparados en un ropaje de impunidad que se refleja en manuales e informes de entidades como la OEA y la CIDH –financiadas por fundaciones como Open Society de George Soros– que buscan imponer nuevos ‘derechos’ sin legitimidad ni consenso”, señaló el legislador en redes sociales.
Agregó que “primó la sensatez” en el debate político llevado a cabo en la Comisión de Justicia.
Las ONG de derechos humanos han asumido la defensa legal de quienes dicen proteger el medio ambiente frente a amenazas contra su vida, provenientes de la economía ilegal e incluso del mismo Estado.
Sin embargo, la reciente ley de cooperación internacional prohibe usar dinero del extranjero para entablar demandas al Estado, aunque sí se puede hacer con fondos peruanos.
Asesinatos
De acuerdo a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, solo entre 2020 y 2023 se registraron cerca de 15 asesinatos contra defensores del medio ambiente y líderes indígenas. Entre 2010 y 2023 hubo 29 casos similares, sobre todo en la Amazonía.
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