Congreso elimina normas que obligaban enfoque de género en entidades públicas

El Congreso de la República aprobó por amplia mayoría el dictamen del Proyecto de Ley N.º 7427, impulsado por el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) y otros parlamentarios, que deja sin efecto dos decretos supremos emitidos por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Estas normas establecían la implementación obligatoria del enfoque de género en las entidades públicas.

El dictamen aprobado deroga el Decreto Supremo 013-2023-MIMP, que disponía la creación de la figura del “Oficial para la Igualdad” en todas las instituciones del Estado.

Esta medida buscaba garantizar el cumplimiento de políticas con enfoque de género desde dentro de las entidades públicas, pero fue criticada por diversos sectores como un intento de control ideológico.

Asimismo, el Congreso anuló el Decreto Supremo 010-2022-MIMP, que obligaba a los funcionarios y servidores públicos a recibir capacitaciones en materia de género como condición para desempeñar sus funciones en el aparato estatal. La decisión legislativa interpreta que estas medidas vulneraban la libertad de conciencia de los trabajadores públicos.

El congresista Alejandro Muñante respaldó la aprobación del dictamen y afirmó que con esta decisión “se acabó la imposición ideológica disfrazada de política pública”.

Además, señaló que desde el Parlamento se continuará “defendiendo la libertad y la verdadera igualdad”, en clara alusión al rechazo de la obligatoriedad del enfoque de género en la gestión pública.

La medida provoca opiniones divididas. Mientras los promotores del dictamen consideran que se trata de una defensa de los derechos individuales frente a una imposición ideológica, otros sectores advierten que se trata de un retroceso en las políticas de igualdad, especialmente en un contexto donde persisten brechas estructurales entre hombres y mujeres.