Congreso debe corregir ISC a apuestas en línea para evitar millonarias devoluciones
Estado podría verse obligado a regresar todo lo recaudado.
El Congreso de la República tiene en agenda debatir la aprobación por insistencia del Proyecto de Ley 9645/2024-CR, que busca corregir el Decreto Legislativo 1644. Esta norma, emitida por el Ejecutivo, impone el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a juegos y apuestas en línea. Sin embargo, expertos en derecho constitucional advierten que dicho decreto carece de sustento legal y podría ser declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional (TC), generando una obligación de devolver los fondos ya recaudados.
El PL 9645 plantea modificar la Ley 31557, que regula las apuestas y juegos a distancia, incluyendo medidas clave como incorporar a los bodegueros como intermediarios de recargas, asegurar el cobro del ISC en todo el circuito de apuestas y penalizar la manipulación de resultados deportivos. Además, busca subsanar los vacíos legales del DL 1644, el cual fue emitido sin una base normativa suficiente, según afirman juristas.
Carlos Mesía, expresidente del Tribunal Constitucional, advirtió que el decreto del Ejecutivo se sostiene sobre una ley —la del IGV e ISC— que data de 1999, es decir, mucho antes de que se regularan legalmente las apuestas en línea con la Ley 31557 en 2022. “El ISC no puede aplicarse si la ley no lo contempla expresamente. De llegar al TC, lo más probable es que se declare inconstitucional, y el MEF tendría que devolver todo lo cobrado", explicó.
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En esa misma línea, informes jurídicos de reconocidos constitucionalistas como Víctor García Toma y José Palomino Manchego coinciden en que el decreto solo delimitó el aspecto territorial del impuesto, pero no definió claramente las apuestas en línea como actividades sujetas al ISC. Además, recordaron que el Código Tributario prohíbe crear tributos o sujetos pasivos por interpretación o vía reglamentaria.
Asimismo, se cuestiona el intento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de ampliar la base tributaria mediante un decreto supremo y una resolución de la Sunat, que obligan a los jugadores en plataformas peruanas a pagar el impuesto. Según los expertos, esto constituye una extralimitación del poder reglamentario, ya que solo una ley aprobada por el Congreso puede establecer tributos.
Otro punto crítico es la desigualdad en la aplicación del impuesto. El DL 1644 solo grava a los jugadores que apuestan en plataformas extranjeras, dejando fuera a quienes lo hacen en páginas peruanas. Este tratamiento diferenciado contraviene el principio de igualdad ante la ley, según indican los constitucionalistas consultados.
Además, se alerta sobre un posible efecto confiscatorio del impuesto. Al no distinguir entre el monto apostado y las promociones, bonos o rejuegos, el ISC puede representar hasta un 35% adicional, que sumado al 12% del impuesto al juego, genera una presión tributaria cercana al 50%, considerada insostenible por la industria del juego en línea.
De mantenerse esta situación, los efectos podrían ser inmediatos: desde empresas que interpongan acciones de amparo para no pagar el tributo, hasta operadores que migren a mercados más competitivos o incluso pasen a la informalidad. También se vería afectado el fútbol profesional peruano, cuyo financiamiento actual depende en gran parte del patrocinio de casas de apuestas, las cuales podrían retirarse del país si persiste la inseguridad jurídica.
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