Congreso con el tiempo en contra: no prioriza proyecto de ley para limitar a condenados postular en elecciones
Esta propuesta legislativa tendría que ser aprobada antes de abril de 2025.
En el Congreso de la República permanece en suspenso el proyecto de ley dirigido a que los condenados por delitos graves no postulen en el proceso de elección de autoridades gubernamentales, parlamentarias y regionales, así como integrantes del Parlamento Andino.
En ninguna de las sesiones plenarias del Parlamento, desde el inicio del año, se colocó la iniciativa legislativa enfocada a que exsentenciados por delitos graves como homicidio o terrorismo no sean candidatos en elecciones.
La citada propuesta, que cuenta con dictamen favorable en la Comisión de Constitución, tiene que ser debatida y aprobada a nivel del pleno del Congreso en cualquier momento de este año para que, enseguida, sea promulgada por la presidenta de la República a fin de que entre en vigor con carácter de ley.
Como es público, la congresista Martha Moyano, quien preside la Comisión de Constitución, sostuvo que: “(Está en) un cuarto intermedio. Se presentó el proyecto de ley, está en debate en el Pleno y, vuelvo a repetir, presido la comisión y yo tengo que regresar con las propuestas de las opiniones recibidas”.
El cuarto intermedio se refiere a que el proyecto debe regresar a su comisión para que se incluya las sugerencias que otros parlamentarios hicieron al respecto y vuelva a ser presentado con un texto final.
Posición de JNE
En tanto, autoridades del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), extendieron un llamado a los congresistas a debatir y resolver el dictamen que limita la participación en elecciones de personas que cumplieron condena por delitos graves hasta 10 años después de encontrarse rehabilitadas, es decir, de haber cumplido su pena.
“Sí habría que hacer un llamado para que esto (el proyecto sobre sentenciados) sea debatido, porque ya estamos con el tiempo en contra para que pueda ser visto con mayor profundidad en el pleno del Congreso. Recordemos que una vez que se convoca el proceso electoral (estimado para abril de 2025) inicia la etapa de intangibilidad, es decir, las normas que se aprueben después de la convocatoria (a elecciones) ya no son aplicables al presente proceso”, sostuvo Luis Alberto Sánchez, jefe del gabinete de asesores del JNE.
Luis Sánchez comunicó que, sobre este proyecto de ley, el JNE envió con anterioridad al Poder Legislativo sus propuestas técnicas y señaló que desde diciembre del año pasado el tema se encuentra en cuarto intermedio.
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“El Congreso tiene un bloque de más de 20 proyectos de ley presentados por diversos congresistas y actores políticos, referidos a reforzar los requisitos de los candidatos en relación a las sentencias condenatorias que presenten o incluso (se propone) incrementar el listado de delitos que impidan las postulaciones”, explicó.
Congreso con el tiempo en contra
A un año y medio de las elecciones 2026 y con casi 30 partidos políticos inscritos (y otra decena en proceso de inscripción), el Parlamento no decide priorizar este proyecto de ley que sigue en espera.
Como se trata de una reforma constitucional, se requieren dos votaciones, en dos legislaturas diferentes, para que se alcancen 87 votos, con el fin de lograr que los postulantes con antecedentes por delitos graves no asuman cargos públicos.
Según señalan los analistas políticos y constitucionalistas, las reglas de juego de cara a las elecciones generales de 2026 deben quedar definidas un año antes del proceso, es decir, antes de abril de 2025.
Vale precisar que dos procesos electorales se cumplirán en 2026 en Perú, las elecciones generales para elegir autoridades gubernamentales y congresales, y las elecciones regionales y municipales. Estos comicios requieren que se prepare con anticipación el marco legal que regirá en ambos procesos, condición indispensable tanto para las organizaciones políticas que deseen participar en ellos, como para la ciudadanía que acudirá a votar y debe estar al tanto.
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