Congreso: Comisión Permanente aprobó investigar a Pablo Sánchez por presunto favorecimiento a IDL-Reporteros
Informe del Congreso detalla presunta interferencia en una diligencia fiscal.
La Comisión Permanente del Congreso autorizó este jueves, con 24 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, un plazo de 15 días para investigar al fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, tras aprobarse parcialmente la Denuncia Constitucional N.° 574.
La decisión responde a acusaciones por la presunta comisión de delitos como obstrucción a la justicia, abuso de autoridad, tráfico de influencias y cohecho pasivo específico.
La denuncia, presentada por legisladores de Renovación Popular, señala que el exfiscal supremo habría intervenido indebidamente en una diligencia del Ministerio Público en 2018, presuntamente tras recibir una llamada del periodista Gustavo Gorriti. Según el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Sánchez ordenó la suspensión de un operativo de incautación en la sede de IDL-Reporteros, acción que vulneró la autonomía del fiscal adjunto a cargo de la diligencia, Rodrigo Rurush. Días después, retiró del caso a la fiscal Nora Córdova.
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Además, el informe aprobado sostiene que en 2024, Sánchez habría negociado su voto a favor de la entonces candidata Delia Espinoza en el proceso de elección de la nueva fiscal de la Nación, a cambio de que esta archivara una investigación penal en su contra. La denuncia subraya que el archivo se concretó en enero de 2025, lo que, según los congresistas denunciantes, evidencia un presunto acto de cohecho pasivo específico.
“Se advierte un patrón de conducta orientado a beneficiarse indebidamente de su cargo, interviniendo en procesos judiciales para favorecerse o favorecer a terceros”, concluye el informe técnico. A juicio del grupo parlamentario, estas acciones trascienden lo ético y comprometen principios constitucionales, por lo que ameritan una indagación más profunda.
A pesar de la gravedad de los cargos penales, la Subcomisión declaró improcedente el extremo referido a infracciones constitucionales a los artículos 158 y 159 de la Carta Magna, por falta de elementos suficientes. Sin embargo, la decisión apunta a levantar el fuero de Pablo Sánchez para permitir que el Ministerio Público continúe con las investigaciones conforme a sus atribuciones legales.
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