Congreso aprueba delegación de facultades al Ejecutivo por 60 días en materia de seguridad y economía
El dictamen obtuvo respaldo mayoritario y deberá pasar a una segunda votación la próxima semana.
El Congreso dio un primer visto bueno al pedido del Ejecutivo para dictar normas con rango de ley en temas considerados urgentes para la seguridad del Perú y el desempeño económico.
La representación nacional aprobó la delegación de facultades por 60 días calendario, tras una votación que registró 69 adhesiones, 31 rechazos y 3 abstenciones. Como exige el Reglamento parlamentario, el dictamen pasará a una segunda votación dentro de siete días.
El debate se extendió por varias horas debido a la amplitud del encargo solicitado. La Comisión de Constitución, presidida por Arturo Alegría, condujo la sustentación.
El legislador afirmó que el grupo de trabajo actuó con celeridad para evaluar el paquete, al señalar que desarrollaron sesiones extraordinarias y mesas técnicas.
Subrayó que el dictamen incorporó “49 de las 58 solicitudes y submaterias”, lo que representa el 84% del requerimiento gubernamental. También señaló que cada punto fue revisado con apego a los límites constitucionales.
Seguridad ciudadana
En materia de seguridad ciudadana, la propuesta autoriza al Ejecutivo a legislar en 23 subtemas. La línea central apunta a enfrentar delitos de alta violencia como sicariato y extorsión, mejorar el control de armas, cerrar brechas migratorias y reforzar la respuesta del Estado frente al crimen organizado.
Alegría insistió en que, pese al corto tiempo previsto, las medidas “deberían fortalecer la capacidad del Estado para recuperar el orden interno y garantizar el derecho básico de los peruanos a vivir en paz”.
Frente económico
En el frente económico, el dictamen confirma que se aprobaron 18 submaterias orientadas a incrementar la recaudación, reducir la evasión y combatir la subvaluación y el contrabando.
La iniciativa también abre paso a ajustes en el marco penal tributario, mejoras en el sistema de asociaciones público-privadas y medidas para facilitar inversiones responsables.
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Alegría remarcó que el Perú “no aguanta más políticas públicas que no funcionaron” y que cada decreto deberá analizarse con rigurosidad.
Texto sustitutorio
Luego del debate, la comisión presentó un texto sustitutorio que detalló precisiones adicionales. Entre ellas, reincorporó modificaciones a la Ley General de Transporte Público para definir el sistema integrado de transporte y facultar al Ministerio de Transportes a implementarlo a escala nacional.
También aclaró alcances tributarios, retiró referencias legales que limitaban la actuación de sectores como el agrario, y ajustó disposiciones sobre propiedad intelectual, importaciones y proyectos de la Autoridad Nacional de Infraestructura.
Asimismo, el texto eliminó una propuesta de modificar la Ley Servir por su impacto en derechos laborales, y añadió una precisión en materia penal para evitar que quienes tengan procesos de formalización minera en curso enfrenten sanciones mientras permanezcan en ese trámite.
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