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Comisión de Justicia propone nuevo texto sobre detención preliminar ante observaciones del Ejecutivo

El predictamen ajusta los criterios para ordenar la detención sin flagrancia.

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Comisión de Justicia propone nuevo texto sobre detención preliminar ante observaciones del Ejecutivo
Fecha Publicación: 04/02/2025 - 08:48
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La Comisión de Justicia del Congreso elaboró un predictamen que modifica la regulación de la detención preliminar en casos de no flagrancia, tras evaluar las observaciones planteadas por el Poder Ejecutivo.

En lugar de insistir en la norma inicial, el grupo parlamentario optó por presentar un nuevo texto que amplía el artículo 261 del Código Penal.

El predictamen responde a las observaciones del Ejecutivo sobre la autógrafa de ley derivada de los proyectos 09733/2024-CR, 09760/2024-CR y 09764/2024-CR.

La propuesta busca establecer criterios más claros para la aplicación de la detención preliminar cuando no exista flagrancia delictiva, garantizando al mismo tiempo el debido proceso y el "respeto a los derechos fundamentales de los investigados".

Según el documento, el juez de la investigación preparatoria podrá ordenar la detención preliminar a solicitud del fiscal si existen elementos objetivos y razones plausibles para considerar que una persona cometió delitos graves, tales como homicidio, secuestro, delitos sexuales, trata de personas y organización criminal, entre otros.

MÁS INFORMACIÓN: Poder Judicial llama la atención a jueces y exige respetar los plazos de detención preliminar

Además, se incorporan nuevos numerales para detallar los criterios de aplicación de esta medida, asegurando que solo se dicte cuando exista riesgo de fuga u obstaculización de la investigación.

La iniciativa también incorpora disposiciones sobre la individualización del imputado, los medios de comunicación válidos para emitir la orden de detención y los procedimientos que deben seguirse tras la captura. En este sentido, se establece que la orden deberá contener los datos personales del investigado y ser ejecutada por la Policía con la celeridad necesaria.

Como es público, el Congreso mantuvo congelada la aplicación de la norma durante más de 50 días, causando incertidumbre en las autoridades encargadas de la persecución del delito.

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