CIDH exige anular ley de fiscalización a las ONG en nuevo intento de intromisión en asuntos peruanos
Organismo extranjero acude a llamado de IDL, Aprodeh, Manuela Ramos y otras entidades.
En un nuevo intento de que el Estado peruano actúe según criterio dictado desde el extranjero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó a derogar la ley de fiscalización a proyectos de la cooperación internacional.
“CIDH manifiesta su grave preocupación por los artículos de la ley que modifica la APCI”, se titula el comunicado del ente supranacional.
“Este cambio legislativo se suma a una serie de acciones impulsadas por el Congreso que podrían significar serios retrocesos en la protección de los derechos humanos en el Perú”, manifiesta, en concordancia con el discurso de las ONG Instituto de Defensa Legal y Aprodeh, conocidas por infiltrarse en el sistema de justicia.
Mentiras caviares
“La CIDH hace un llamado al Estado peruano a derogar los artículos de la reforma aprobada que sean contrarios a estándares interamericanos sobre las libertades de expresión y asociación, así como al acceso a la justicia”, argumenta el pronunciamiento.
Cabe indicar que el Parlamento aprobó que la Agencia de Cooperación Internacional coteje si los fines de un proyecto son acordes con el desarrollo nacional.
Por ejemplo, las ONG abortistas como Manuela Ramos y Flora Tristán, recibieron millones de dólares del extranjero, para supuesta acción social. Sin embargo, dedicaron muchos de estos recursos a promover el libre aborto, algo que es delito, según nuestro Código Penal.
En el caso de IDL y Aprodeh, se les conoce por la campaña de mentiras contra los héroes comandos Chavín de Huántar.
Durante quince años, estas ONG inventaron que hubo ejecuciones extrajudiciales de terroristas, lo cual terminó siendo declarado falso por la Corte Interamericana de DDHH y la justicia peruana.
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“La aplicación de las modificaciones de la ley depende aún de una reglamentación, que tiene un plazo de noventa días”, señala la CIDH.
Cuestionó que la necesidad de una autorización previa para realizar proyectos “podría generar obstáculos al espacio cívico y la libertad de asociación”, mediante la ampliación de nuevos requisitos administrativos.
El 14 de abril de 2025, el Gobierno Nacional promulgó la Ley N.º 32301, que modifica la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), encargada de supervisar, controlar y fiscalizar la cooperación técnica internacional.
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