Caso Martín Vizcarra: Subcomisión del Congreso debatirá denuncia por compras en emergencia COVID-19
La denuncia fiscal alerta sobre millonarias pérdidas por decisiones irregulares en el gobierno.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, dirigido por la legisladora María Acuña, agendó para este viernes el debate de una denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación contra el expresidente Martín Vizcarra, la exministra de Economía María Antonieta Alva y el extitular de Salud Víctor Zamora.
El Ministerio Público les atribuye la presunta comisión del delito de colusión agravada, relacionado con la adquisición de pruebas rápidas durante el estado de emergencia por la pandemia de COVID-19.
De acuerdo con el expediente fiscal, los exfuncionarios habrían actuado de manera concertada para beneficiar ilícitamente a las empresas Multimedical Supplies S.A.C. y Nipro Medical Corporation Perú, a través de la compra de 1’401,883 pruebas rápidas, decisión que —según el Ministerio Público— contravino las recomendaciones sanitarias que privilegiaban las pruebas moleculares.
La fiscal Delia Espinoza, autora de la denuncia, sostiene que el entonces presidente Vizcarra autorizó la adquisición de pruebas rápidas a sabiendas de que no cumplían con los criterios técnicos recomendados.
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Según el informe, la exministra Alva respaldó el proceso económico mediante el Decreto de Urgencia N.º 028-2020, que permitió la transferencia de recursos, mientras que el ministro Zamora emitió disposiciones normativas que obligaron su uso en el sistema de salud, como la Resolución Ministerial N.º 239-2020-MINSA.
Asimismo, la Fiscalía detalló que ambos proveedores asistieron a la sesión del Consejo de Ministros del 18 de marzo de 2020 y, apenas un día después, recibieron invitaciones para presentar cotizaciones. La adjudicación del contrato se formalizó en mayo de ese mismo año, lo que causó sospechas de una posible concertación previa.
“El perjuicio económico al Estado superó los seis millones de dólares”, advirtió el Ministerio Público en el documento enviado al Congreso. Aunque no se formulan infracciones constitucionales, debido a que la denuncia proviene directamente del fuero penal, la Subcomisión analizará la viabilidad de continuar con el trámite parlamentario, lo que podría abrir paso a eventuales sanciones políticas en el futuro.
El caso causa expectación en el Parlamento, ya que involucra decisiones adoptadas en el contexto más crítico de la emergencia sanitaria. La sesión de este viernes marcará un nuevo capítulo en la evaluación de responsabilidades de exautoridades que lideraron la respuesta gubernamental durante la pandemia.
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