Carrera Pública Magisterial: todo sobre el regreso de 14 mil docentes cesados a las aulas
Aprobado por el Congreso.
Miles de docentes retornarán a la Carrera Pública Magisterial, pese a que con su desempeño no lograron aprobar los estándares establecidos por las normas vigentes del Ministerio de Educación (Minedu), en lo que representa un golpe a la meritocracia.
La Carrera Pública Magisterial fue establecida por el Ministerio de Educación (Minedu) con la finalidad de elevar la calidad educativa y comprende requisitos y evaluaciones y niveles, y cada uno de éstos con beneficios y responsabilidades para los docentes.
Es así que los docentes, que dictaban clases en las instituciones educativas del Estado a lo largo de todo el Perú, y que fueron cesados por haber desaprobado o por no rendir evaluaciones, regresarán a las aulas en virtud de una ley aprobada por el Congreso de la República.
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Este dispositivo afecta el derecho a la igualdad y a la no discriminación, "contraviene la meritocracia y la rectoría de las políticas educativas, el aseguramiento a la educación de calidad", además de la importancia de ingreso a la Carrera Pública Magisterial y la iniciativa de gasto, advirtió el Ejecutivo a través de un oficio enviado al presidente del Congreso, Alejandro Soto.
14 mil docentes
Esta norma permitirá que aproximadamente 14 mil docentes, nombrados interinamente y luego retirados del Magisterio, regresen a la Carrera Pública Magisterial, dado que el PL contempla la evaluación excepcional, que considerará la competencia pedagógica, trayectoria profesional y laboral. Deberán acreditar el título de profesor o licenciado en educación, obtenido en el período de noviembre de 2012 y noviembre de 2014.
Aprobado por insistencia
El cuestionado proyecto de ley fue aprobado por insistencia y obtuvo 92 votos a favor y 6 en contra. El dictamen se aprobó en noviembre de 2023, sin embargo, el Ejecutivo se opuso, y el Parlamento lo volvió a debatir en el Pleno.
Para el presidente de la Comisión de Educación del Congreso, José Balcázar, “no se advierte fundamentos de mérito para considerar que el contenido de la autógrafa de ley incurra en afectaciones constitucionales y mucho menos esté afectando las normas vigentes del sector Educación”.
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