Candidatura de José Jerí enfrenta a mujeres del Congreso: unas callan, otras denuncian acusación por violacion sexual
Algunas bancadas priorizan pactos políticos frente a cuestionamientos graves.
El respaldo político a José Jerí como candidato a la presidencia del Congreso es una ola de críticas que, lejos de unificarse en rechazo, dividió a las propias congresistas mujeres. Mientras algunas levantan la voz frente a una denuncia por violación sexual aún en curso, otras optan por justificar o suavizar la gravedad del caso, bajo el paraguas de la presunción de inocencia o el cálculo político.
Como es público, el congresista de Somos Perú fue denunciado en enero por presunta agresión sexual junto a su amigo Marco Antonio Cardoza. El hecho ocurrió en una casa de campo y derivó en una orden judicial para que Jerí se someta a un tratamiento reeducativo. No obstante, el legislador se negó a cumplir con los exámenes psicológicos dispuestos por el juez Atilio Machaca Gil, lo que impidió avances en el proceso supervisado por el Centro de Emergencia Mujer (CEM) y la Policía Nacional del Perú.
Pese a este panorama, bancadas como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Perú Libre cerraron filas en torno a su candidatura. Frente a ello, algunas parlamentarias expresaron su preocupación. Ariana Orúe, congresista de Podemos Perú, manifestó: “Si está en investigación, ¿cómo podemos poner a un representante que tiene todavía un proceso abierto? (…) Quizá Somos Perú debería replantear esta decisión y poner otro candidato”.
No obstante, su crítica también tuvo matices de resignación al señalar que, ante la falta de opciones, “tenemos que elegir por el que menos denuncias podría tener, el que está menos cuestionado”.
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Más permisiva fue Patricia Juárez, primera vicepresidenta del Congreso, quien, al ser consultada sobre si Jerí es una persona idónea, respondió: “Lo que tiene el congresista Jerí son investigaciones, no creo que tenga ninguna sentencia (…) Son hechos graves que él tiene que explicar”. Sin embargo, su respuesta fue percibida como evasiva ante la gravedad del delito imputado, más aún si se considera que en el pasado ella misma denunció comentarios sexistas de su colega Juan Carlos Lizarzaburu, también de Fuerza Popular.
La reacción tibia de varias legisladoras se torna aún más desconcertante frente a su historial de lucha por los derechos de las mujeres. La congresista Gladys Echaíz, de Honor y Democracia, ofreció una crítica más directa al sistema de decisiones internas de los partidos: “Hay una falta de seriedad (…) Pareciera que no piensan en la magnitud del cargo ni en el nivel de la institución”.
Por otro lado, las principales voces del oficialismo legislativo defienden la fórmula encabezada por Jerí. Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, reafirmó el respaldo de APP: “Mientras no exista una sentencia firme, debe respetarse la presunción de inocencia”. Similar fue la postura de Arturo Alegría, vocero de Fuerza Popular, quien desestimó los cuestionamientos señalando: “Nosotros, como Fuerza Popular, hemos recibido sus descargos y estamos satisfechos”.
Este blindaje político evidencia una desconexión entre los discursos de lucha contra la violencia contra la mujer y la práctica parlamentaria. La fórmula impulsada por Somos Perú y sus aliados incluye además a Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), Waldemar Cerrón (Perú Libre) e Ilich López (Acción Popular), figuras también rodeadas de controversias.
Así, mientras en las calles se exige mayor rigor frente a los casos de violencia contra la mujer, en el hemiciclo predomina el cálculo político. La denuncia por abuso sexual contra Jerí no impidió que aspire a liderar la más alta instancia legislativa. Y aunque algunas mujeres congresistas alzaron la voz, otras prefirieron el silencio o el matiz. El mensaje es claro: en el Congreso, la presunción de inocencia parece pesar más que el compromiso con los derechos de las víctimas.
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