Betssy Chávez de nuevo en la cuerda floja: Congreso pide inhabilitar por 10 años a expremier
También aprueban denunciar constitucionalmente a Martín Vizcarra por designación irregular de procurador Daniel Soria.
La Comisión Permanente del Congreso aprobó ayer dos denuncias constitucionales, una en contra de la ex primera ministra Betssy Chávez, por su presunta participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, y otra contra el expresidente Martín Vizcarra, por la designación irregular del exprocurador general del Estado Daniel Soria.
Ambos casos pasarán ahora al Pleno, donde se definirá su destino.
Con 12 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, la Comisión Permanente respaldó la denuncia constitucional que recomienda inhabilitar por 10 años a Betssy Chávez, acusada como coautora de los delitos de rebelión y conspiración contra los poderes del Estado.
Cabe precisar que, el informe señala que la exjefa del Gabinete habría coordinado la difusión del mensaje televisado del expresidente Pedro Castillo, en el que anunció el cierre del Congreso. Entre los elementos probatorios figuran grabaciones, videos y testimonios de periodistas que fueron convocados por orden suya.
La denuncia fue presentada por la congresista Patricia Chirinos y, de ser ratificada por el Pleno, impedirá que Chávez ocupe cargos públicos durante diez años.
Las acusaciones están referidas a la presunta infracción a los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución Política.
Acusación contra Vizcarra
En paralelo, la Comisión Permanente aprobó con 15 votos a favor, 3 en contra y una abstención el informe final que formula la denuncia constitucional contra Martín Vizcarra, por el presunto nombramiento indebido de Daniel Soria como procurador general del Estado en 2020, realizado bajo la Resolución Suprema 017-2020-JUS, la cual incluyó reclamos sobre el cumplimiento de los requisitos legales para dicho puesto.
De prosperar en el Pleno, Vizcarra podría enfrentar una nueva sanción de inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos, además de eventuales responsabilidades penales.
La aprobación de ambas denuncias marca un nuevo capítulo en la confrontación entre el Parlamento y las exautoridades del Ejecutivo.
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El debate en el Pleno, que aún no tiene fecha definida, establecerá si las sanciones se concretan y qué repercusiones tendrán.
Durante la sesión de la Comisión Permanente, Vizcarra fue notificado de manera formal para ejercer su derecho a la defensa, pero no presentó descargos y su ausencia se calificó como “injustificada”, de acuerdo con datos del informe final.
A este proceso se incluyó el caso de Ana Revilla Vergara, exministra de Justicia y Derechos Humanos, aunque la acusación constitucional sobre ella perdió vigencia.
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