Antecedentes del gran negocio y el “plan criminal”

Recordemos que el proceso del gasoducto empieza el 9 de setiembre de 2008, en la segunda administración del expresidente Alan García, cuando se otorga a Conduit Capital Partners(CCP), un fondo de inversión norteamericano que solicitó al Gobierno aprista -vía Kuntur Transportadora de Gas SAC- la concesión del Gasoducto Andino el Sur, con la modalidad jurídica de “petición de parte”, un compromiso de inversión de US$ 1,330’112,124 millones y una carta fianza de US$ 66.7 millones.

No pasó mucho tiempo y la empresa concesionaria fue transferida a terceros, es decir CCP vendió el 51 % de las acciones de Kuntur Transportadora de Gas SAC a Odebrecht y el restante 49 % lo vendió al poco tiempo.

Este tipo de concesión, que era un perfil sin “ingeniería de detalle”, no le daba a Kuntur ningún derecho de parte del Estado, como por ejemplo el financiamiento. Luego, el 23 de octubre de 2008 se firma el contrato.

En las postrimerías del segundo gobierno aprista, se promulga la ley del etano N° 29690 y se empieza a hablar de la posibilidad de la petroquímica del sur y aparece un nuevo actor, Braskem, la trasnacional petroquímica de Odebrecht.

Y esa ley es la que sospechosamente permite el cobro del “ingreso anual garantizado” solo para el ducto del etano.

Termina el gobierno de García y en julio de 2011, en la transmisión de mando, Ollanta Humala anuncia los cambios al esquema Kuntur y en esa lógica, en diciembre dice que el Estado promulgará una ley para ser financista del gasoducto.

Claro que este viraje tenía que hacerse colocando a Petroperú como socio el proyecto, para lo cual se le aumenta el capital social en US$ 400 millones.

Es más, cuando se cierra el año, la memoria anual de Cofide de 2011 dice que esta es la entidad encargada de la estructuración financiera, es decir la recaudadora del capital, como si el Estado debiera cumplir este tipo de roles.

Estamos hablando, en las nuevas condiciones y en el nuevo Gobierno, de financiar US$ 5,000 millones para la ejecución del gasoducto.

Este es el esquema que rige hasta julio de 2012, con Kuntur Transportadora de Gas, con el Estado peruano como prestamista, hasta que las autoridades suspendieron el contrato el 3 de abril de 2012. Era ministro Jorge Merino Tafur.

En los nuevos tiempos, Kuntur ya estaba bajo el control total de Odebrecht, y es cuando elevan el monto de inversión del gasoducto de US$ 1,330 millones a un estimado de US$ 6,004 millones.

Todo este viraje, de lo que tardíamente da cuenta la fiscal Geovana Mori, con el nombre de “plan criminal”, fue obra, incluso según hipótesis de los actuados,  del entonces presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. Las reuniones con Jorge Barata y los correos del mismo Barata y Luiz Mameri sobre la Caja 2 de Oderebcht ya registraban aportes a la campaña de Humala del año 2011.

“En estas circunstancias, se llevó a cabo una reunión, entre los tres primeros meses del año 2011, participando el candidato presidencial Ollanta Humala Tasso conjuntamente con su esposa Nadine Heredia Alarcón y, por otro lado, Jorge Henrique Simoes Barata, siendo que en esta reunión se establece el plan criminal para cambiar el proyecto Gaseoducto Andino del Sur, de iniciativa privada, a una Asociación Público Privada (APP), tanto que el grupo Odebrecht tenía un interés prioritario en proyectos vinculados al gasoducto. Idea criminal que luego fue materializándose en los hechos”, indica la resolución firmada  por Mori sobre el caso.

Es este viraje el que permite a Ollanta Humala anunciar en el mensaje a la Nación del 28 de julio de 2012, en su segundo año de su gobierno, la convocatoria a un concurso internacional para el Gasoducto Sur Peruano y el nodo energético el sur.

Todo lo demás es historia reciente. Como el hecho de que en enero de 2017, el consorcio no puede concluir con el cierre financiero, y se cae la concesión el 21 de ese mes, porque los bancos desconfían en otorgar créditos a una empresa en problemas de corrupción y las acciones también se caen en bolsa.

Carta fianza

Dicen que la historia del Gasoducto empieza con una coima soterrada de más de 66 millones de dólares. Se refieren a la carta fianza que le fue devuelta a Odebrecht, incursa en incumplimiento total del contrato en el periodo Kuntur.

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