ANGR denuncia exclusión en reglamentación de proceso de formalización minera
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales exige respeto a descentralización.
La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) cuestionó este lunes el reciente decreto supremo que reglamenta la Ley 32213, al denunciar que el Ejecutivo excluyó a las regiones en la elaboración del dispositivo legal que regula el proceso de formalización minera.
A través de un comunicado oficial, los gobernadores regionales expresaron su firme rechazo a lo que califican como una "consolidación de una rectoría centralizada desde el Ministerio de Energía y Minas", asegurando que esta medida menoscaba las competencias técnicas y fiscalizadoras que la Constitución otorga a los gobiernos subnacionales.
“Rechazamos la consolidación de una rectoría centralizada desde el Ministerio de Energía y Minas, la misma que debilita el rol técnico y fiscalizador de los gobiernos regionales, vulnerando una vez más el proceso de descentralización amparado por nuestra Constitución Política”, sostiene el pronunciamiento suscrito por la dirigencia de la ANGR, encabezada por el gobernador regional de Áncash, Koki Noriega.
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Con base en esa postura, la ANGR solicitó al Poder Ejecutivo restituir el liderazgo de los gobiernos regionales en el proceso de formalización minera, además de fortalecer sus capacidades institucionales. Según advierten, la centralización regulatoria no solo afecta la eficiencia administrativa, sino también debilita la lucha contra la minería ilegal.
La Asamblea también rechazó la inclusión de la figura de “transmisión sucesoria” en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). A juicio de los gobernadores, esta disposición normativa “abre la puerta a distorsiones e informalidades”, por lo que exigieron su inmediata eliminación del marco legal vigente.
Además, invocaron al Gobierno central a diseñar una estrategia de seguridad efectiva y multisectorial que permita instaurar el orden en las zonas afectadas por la minería informal.
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