Alejandro Muñante exige a Cancillería defender soberanía peruana ante supuesta injerencia de organizaciones internacionales
Acusan a las ONG extranjeras de pretender obstaculizar proyecto de ley para fiscalizar estas organizaciones.
El parlamentario Alejandro Muñante (Renovación Popular) presentó un oficio en el que demanda, con carácter de urgencia, que el Ministerio de Relaciones Exteriores se pronuncie en rechazo a una supuesta injerencia de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en relación con el proyecto de ley que busca modificar la normativa sobre fiscalización de estas organizaciones que reciben fondos de la cooperación internacional.
A través de una publicación en sus redes sociales, el parlamentario hizo público el oficio enviado a la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Auristela Obando (Fuerza Popular), solicitando que inste al canciller, Elmer Schialer, a asumir una postura firme frente a esta situación.
En el documento, Muñante denunció una aparente intromisión de estas organizaciones extranjeras en competencias exclusivas y excluyentes del Poder Legislativo.
“A fin de que la misma defienda nuestra soberanía y rechace las referidas injerencias extranjeras que buscan obstaculizar una función exclusiva y excluyente del Congreso de la República, enmarcada dentro de nuestra Constitución Política; más aún si, en la mayoría de países, existen normas que regulan la fiscalización y transparencia de las ONG”, señala el documento.
Pretenden censurar
Por su parte, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), al que pertenecen diversas organizaciones sociales y ONG, denunció que esta propuesta del Congreso, lejos de buscar una supuesta fiscalización de estas asociaciones, pretende “promover formas de criminalización e ilegalización de las ONG y organizaciones sociales peruanas”.
“Incómodos por su completa ilegitimidad, bordeando prácticamente su ilegalidad, el Congreso de la República debatirá un proyecto de ley en el que transfiere a otros –las ONG y las organizaciones sociales– las culpas de su patética situación”, aseveraron a través de un pronunciamiento.
Clacso también recordó que las ONG ya están fiscalizadas bajo la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), la cual supervisa sus actividades en coordinación con las autoridades tributarias y laborales del Perú. Además, subrayaron que estas organizaciones civiles “también son parte del sistema antilavado de activos, con sus respectivos oficiales de cumplimiento, que se coordina desde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)”.
“El objetivo real es perseguir, criminalizar e ilegalizar a las organizaciones de la sociedad civil que se han manifestado en contra de las políticas y acciones promovidas por el actual régimen, es decir, la coalición autoritaria constituida en el seno del Congreso que sostiene al gobierno de Dina Boluarte”, sentenció Clacso.
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