Alcalde de Pataz cuestiona el estado de emergencia: edil explica por qué lo considera un fracaso
Afirma que el control militar no disuade a las mafias criminales.
El alcalde de la provincia liberteña de Pataz, Aldo Carlos Mariños, criticó con firmeza las medidas de emergencia del Ejecutivo. Aseguró que el estado de emergencia y el toque de queda no han logrado frenar el avance del crimen ni de la minería ilegal, calificándolos de “fracaso” en una entrevista local.
Sostuvo que la estrategia gubernamental carece de profundidad y sustento técnico, y denunció que no hay investigaciones serias ni un sistema de inteligencia operativo. “Solo se hace un control superficial y no se investiga”, explicó.
Señaló que la minería ilegal continúa expandiéndose sin control en la sierra liberteña, pese a las restricciones. Reiteró su posición de acabar con esta actividad ilícita que daña el entorno y alimenta redes criminales. “Llevamos tanto tiempo en emergencia y no hay resultados”, manifestó.
Advirtió además sobre la pérdida de confianza en la Policía Nacional del Perú, ya que muchos pobladores creen que un porcentaje considerable de efectivos estaría coludido con actos delictivos. “Quieren que la Policía se retire por estar coludida”, denunció.
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También alertó sobre una posible colusión entre autoridades estatales y redes criminales, que han logrado infiltrar niveles del aparato estatal, dificultando restablecer el orden en zonas críticas como Pataz.
El burgomaestre exhortó al Ejecutivo y al Ministerio de Energía y Minas a replantear su estrategia frente a la minería ilegal, señalando que los operativos aislados no son soluciones sostenibles ni efectivas. “No se puede combatir este problema sin inteligencia ni voluntad política”, añadió.
Cuestionó que las decisiones del Gobierno central no respondan a la realidad de las provincias afectadas, lamentando que las medidas se limiten a la presencia militar sin planificación ni trabajo coordinado. A su juicio, la criminalidad sigue creciendo bajo un enfoque improvisado.
Finalmente, reiteró la urgencia de una atención integral y permanente desde el nivel central, pues las provincias no pueden seguir siendo atendidas con medidas simbólicas y respuestas tardías. “El problema se agrava y la población queda cada vez más desprotegida”, concluyó Mariños.
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