Vergüenza judicial por fiscalocos

No es por defender a Ollanta Humala y a sus presuntos cómplices, pero la jueza Nayko Coronado y demás miembros del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional ya lindan con el ridículo. Ahora han reprogramado las declaraciones del delincuente Jorge Barata para el 4 de septiembre.

Por cuarta vez, el fiscal Germán Juárez Atoche pidió una nueva fecha en el juicio por lavado de activos, a pesar del acuerdo de colaboración “eficaz”, que no ha servido para nada, solo para darles libertad y devolverles sus millones a los mayores corruptos de nuestra historia.

Ministra perdidaza

"No voy a estar presente, pero ya un equipo técnico salió a las 5 de la mañana. Está conformado por todos los directores del ministerio", fue la relajada respuesta de Nelly Paredes, ministra de Agricultura, cuando llegó a Tacna. Se le había convocado a una mesa de trabajo por protestas contra Southern, pero dijo “tengo otra agenda, dentro del marco Punche Perú”. Ya sabemos a quién culpar si hay otro conflicto social.

Chávez no se rinde

Según información que Gino Román entregó a la Segunda Fiscalía Penal de Breña, el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, tiene a su hermano Alberto trabajando para Víctor Auza, militar en retiro que integra el colectivo "Arica no se rinde". Lo raro es que brindan servicios a una empresa socia del corrupto José Graña. Ahora se entiende por qué cierto sector mediático y “opositor” no toca ni con un pétalo al titular del Mindef.

Patinada caviar

Hablando de infiltrados, se aclaró que el ministro de Educación, Óscar Becerra, había retirado en forma legal a Lydia Hung de la comisión reorganizadora de la Universidad Nacional de Música, pero la caviarada lo acusó falsamente de reemplazar a Hung por la bióloga Carmen Escobedo Revoredo, acusando que la educadora llevaba años en el mismo cargo sin producir resultados. Sin embargo, el Centro de Estudiantes aclaró que Escobedo falleció en 2020.

Pena para "mocha sueldos"

El abogado penalista Benji Espinoza precisó que las cinco congresistas involucradas en el caso de “mochar sueldos” a sus trabajadores habrían cometido el delito contra la administración pública en la modalidad de concusión. En palabras sencillas, habrían aprovechado sus cargos de funcionarias públicas para ejecutar estas acciones. “Cuando esto pasa, la pena que corresponde es como mínimo de dos y como máximo de ocho años”, manifestó el exabogado de Pedro Castillo.

Faltan valores

Seguimos con el caso de los congresistas "mochasueldos" que ha generado una serie de críticas desde el mismo Parlamento. La legisladora Gladys Echaíz fue una de ellas, quien dijo que ahora la gente viene a las instituciones a trabajar por un sueldo y no en busca de hacer algo en las instituciones donde trabajan por el país. “Esto es un tema de ética y moral, es una crisis general que involucra a la familia y las escuelas. Ahora la gente trabaja por un sueldo. Los valores se han perdido”, indicó.

Niega gastos médicos

Quien también salió a opinar sobre el tema fue el abogado de Alberto Fujimori, Elio Riera, quien negó que la congresista de Fuerza Popular, María Cordero Jon Tay, se encargue de pagar los gastos médicos del expresidente de la República. “(Las medicinas) son derechos de salud que tienen los propios internos, evidentemente no son costeados por la congresista (...). El señor tiene su seguro, entonces eso de señalar que ‘yo estoy realizando un pago por una medicina’, no es correcto”, detalló.

Fiscalía insiste

La Fiscalía de la Nación solicitó que se revoque la resolución judicial que aprobó que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se ausente de la capital peruana desde el 21 hasta el 23 de abril para que realice un viaje a la región Lima Provincias. El Equipo Especial para los casos Odebrecht y Lava Jato expresó su disconformidad con la medida adoptada por el juez Víctor Zúñiga, donde se declaró fundado el requerimiento que hizo la excandidata presidencial por medio de su defensa legal.

Acosada sin defensa

Cuando faltan tres días para la audiencia decisiva, una extrabajadora del Ministerio de la Mujer acosada por un alto funcionario, se quedó sin abogado. El testigo Miguel Montero -quien perdió su trabajo por defenderla- pide que algún letrado de buen corazón ampare a la víctima, ya que el agresor sigue en las calles. Se pueden contactar con él al 949737930.

No saben escribir

Esa mala costumbre de algunos sectores del Estado, de escribir en lenguaje seudoinclusivo, llegó al sindicato de trabajadores de la Sunedu. Sus reclamos casi no se entienden al usar a cada rato "los" o "las", por no mencionar otras calamidades que ya han sido desaprobadas por la Academia de la Lengua Española.

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